La Fiscalía pide cinco años y medio de prisión para tres directivos de la Mina Cobre las Cruces

El 19 de febrero de 2014, Ecologistas en Acción, como acusación popular, ha recibido notificación del escrito de acusación de la Fiscalía de Medio Ambiente presentado en el Juzgado de instrucción nº19 contra los tres altos directivos de Cobre Las Cruces, su anterior Consejero Delegado, Francois Fleury, su anterior Director de Mina, William Thomas, y la todavía Directora de Medio Ambiente, Paz Cosmen, por un delito continuado de daños y otro contra el medio ambiente.

También pide la Fiscalía tres años de inhabilitación y un total de 642.551,02 € entre multas, responsabilidad civil y coste de reposición medioambiental a los responsables de la mina de la multinacional Inmet Minning actualmente adquirida por First Quantum Minerals Ltd.

Para la Fiscalía están suficiente demostrados esos delitos por los hechos producidos durante la construcción de la mina de Las Cruces, entre abril de 2007 y mayo de 2008, con inyección de arsénico en el acuífero que atraviesa la mina, detracción ilegal de aguas subterráneas y construcción de un número importante de balsas ilegales. En aquella época, la población de Gerena aún bebía agua de pozos de ese acuífero.

La petición del Ministerio Fiscal se concreta, para cada acusado, en 4 años de prisión, 3 años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión y multa de 9.000 € por el delito contra el medio ambiente y 1 año y 6 meses de prisión y 2.700 € de multa por el delito de daños al dominio público.

Además se solicita una responsabilidad civil solidaria para los tres acusados de 322.381,6 € y se cifra en 285.069,42 € los costes de restauración ambiental por los daños provocados.

Ecologistas en Acción muestra una vez más su satisfacción por el trabajo riguroso, constante e ininterrumpido realizado por el Juzgado nº19 y la Fiscalía de Medio Ambiente durante la instrucción del procedimiento, analizando con rigor las múltiples diligencias solicitadas por Ecologistas en Acción, estimándolas o rechazándolas de manera razonada, y recabando numerosos informes a diferentes organismos técnicos, hasta llegar a las contundentes conclusiones que ahora se plasman en el escrito de acusación.

En contraste, las administraciones públicas, tanto la CHG como la autoridades medioambientales y mineras de la Junta de Andalucía autorizaron la reapertura de la mina en 2009, modificado las autorizaciones al capricho de CLC, incumpliendo las legislaciones medioambientales y en materia de aguas y permitiendo durante todos estos años a CLC seguir extrayendo ilegalmente unos 3.000 m3 diarios de aguas subterráneas.

Las investigaciones empezaron en la primavera de 2007 cuando Ecologistas en Acción trasladó a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) pruebas sobre la presencia masiva de balsas ilegales de aguas fuertemente contaminadas por todo el recinto minero de Las Cruces, durante la fase de construcción de la corta minera. A partir de las denuncias de Ecologistas en Acción, la CHG pudo comprobar durante un año como CLC incumplía de manera radical todas las condiciones de la autorización del llamado Sistema de Drenaje Reinyección (SDR), que en teoría debía servir para proteger el acuífero que atraviesa la mina. En vez de protegerlo, CLC estaba maltratando el acuífero, provocando detracciones de aguas subterráneas muy por encima de lo autorizado y además había instalado más de 20 pozos ilegales que estaban inyectando agua contaminada con arsénico al acuífero.

En mayo de 2008, después de desobedecer durante un año todas las advertencias de los técnicos, la CHG decidió suspender la autorización del SDR y paralizar la construcción de la mina hasta que se pudiera garantizar la protección del acuífero. Entonces, Ecologistas en Acción presentó 7 denuncias ante la Fiscalía de Medio Ambiente, que tras realizar sus Diligencias de Investigación decidió en septiembre de 2008 elevar querella al Juzgado por presuntos delitos medioambientales.

La instrucción de las Diligencias Previas en el Juzgado nº19, desde septiembre de 2008 hasta mayo de 2012, concluyó con la imputación de tres altos directivos de CLC, que ha conseguido retrasar durante casi dos años el curso de este procedimiento, mediante recursos que finalmente rechazó la Audiencia Provincial el pasado mes de noviembre de 2013.

Después del escrito de acusación de la Fiscalía, en Ecologistas en Acción disponemos ahora de diez para analizar los 3.900 folios de que constan los 8 tomos que forman las actuaciones judiciales realizadas hasta la fecha. Y en ese plazo presentaremos nuestra propia acusación popular, que sin duda ratificará y ampliará los certeros argumentos esgrimidos por la Fiscalía.


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