Contra la privatización del agua en Alcázar de San Juan

Ecologistas en Acción se solidariza y apoya a las personas encerradas en el Consistorio, a la Plataforma contra la Privatización del Agua en Alcázar y a la sociedad alcazareña, alzadas contra los planes de las autoridades de regalar el servicio de aguas a una empresa privada.

Alcázar de San Juan vive desde hace meses un conflicto político y social, consecuencia del anuncio del Ayuntamiento de adjudicar a Aqualia (FCC) la explotación del servicio de aguas. Al ramplón discurso de que un modelo mixto o enteramente privado de gestión mejore y optimice este servicio público, que ha sido rebatido en múltiples estudios, cabe añadir la poca transparencia y el blindaje de la operación por parte del equipo de gobierno. Desafiando a la razón, al municipalismo democrático y a la voluntad del pueblo, el Ayuntamiento se arroga la decisión última en un asunto que atañe a la calidad de vida de las ciudadanas, a la cohesión social, al patrimonio público, y a la ordenación de los recursos naturales.

Alcázar de San Juan no escapa a la tendencia global de acumulación de ganancias de los operadores privados; esto es, apropiarse, para su propio lucro, de la gestión de los servicios de abastecimiento, alcantarillado y depuración de las aguas urbanas residuales. Los ayuntamientos, rehenes de la asfixia presupuestaria o del clientelismo, delegan sistemas de gestión concertados público- privados, o privados, de sus servicios de aguas municipales. Las empresas elegidas pagarán un canon concesional, que inevitablemente repercutirá en una subida de la tarifa del agua que la ciudadana tendrá que abonar. Rara vez el dinero recaudado se destinará a la mejora de la infraestructura hidráulica sino a otros menesteres que nada tienen que ver con la prestación de un derecho humano, como es el acceso al agua potable y al saneamiento. Si el negocio es ruinoso o no responde a los objetivos de la compañía, tocará rescatarlo con dinero público.

Es un modelo antiecológico: a las concesionarias les interesa por encima de todo el aumento del consumo de agua para incrementar sus beneficios. Antieconómico: más caro para las ciudadanas, en un momento de penuria y empobrecimiento. Y antidemocrático y antisocial: no hay control ciudadano en la discusión, elaboración y toma de decisiones sobre un tema de interés general (por no hablar de la inexistencia de organismos reguladores o indicadores de gestión que evalúen el servicio).

La propia Comisión Europea acaba de rechazar una directiva encaminada hacia la privatización del agua como resultado de la primera iniciativa ciudadana europea que ha recogido casi dos millones de firmas y que rechaza la privatización de los servicios de agua y pretende que este recurso se considere un derecho humano, como lo ha declarado la ONU.

Hasta que el Estado español no ponga al día su legislación en la materia, obligando a los Entes Locales a gestionar directamente todos los servicios integrales de su ciclo urbano del agua (como hacen gran parte de los estados de la UE), será difícil desactivar la implosión social que acompaña su mercantilización.

El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan debe paralizar inmediatamente el proceso de privatización de la gestión de la Empresa Municipal de Aguas. Reconocer a la plataforma como interlocutora legítima del pueblo alcazareño, facilitando cauces de diálogo y participación en pos de la mejor solución. Y convocar un referéndum para que la población, en el ejercicio pleno de su voluntad democrática, se pronuncie sobre el tipo de gestión que quiere de sus aguas municipales, máxime cuando una propuesta del calado de esta no estaba incluida en el programa electoral de los partidos en el poder.




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