Apemsa pretende impedir la información sobre la EDAR

Intentan engañar al Consejo de Administración de APEMSA para que no se informe sobre el mal funcionamiento de la depuradora.

Para este lunes 24 se ha convocado al Consejo de Administración de APEMSA, y se ha incluido en el orden del día el punto: “Análisis y modificación en su caso del acuerdo de fecha 12 de abril de 2002 sobre publicidad de los rendimientos de la depuradora”. El texto remitido a los consejeros de esta empresa municipal está plagado de falsedades y de descalificaciones hacia los ecologistas con las que se intenta justificar que los ciudadanos no recibamos información sobre el funcionamiento de la EDAR Las Galeras, instalación privatizada que gestiona Acualia-FCC, empresa que viene demostrando su incapacidad para hacer que funcione correctamente. En el texto de la moción –que se adjunta- se asegura lo siguiente:

· “En la primavera de 2002 se recrudeció las críticas y acusaciones del grupo ecologista local sobre el funcionamiento de la depuradora Las Galeras insistiendo, sin razón, en la contaminación de las playas”.

Pero, lo cierto es que en ese verano APEMSA vertió grandes cantidades de aguas residuales contaminadas provocando un grave episodio de contaminación que llevó a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a prohibir el baño en las playas de La Puntilla y El Aculadero.

· “Las críticas y acoso de los ecologistas, con amplio eco en la prensa, insistían en la contaminación de las playas y en que Apemsa no facilitaba información sobre la depuración de las aguas residuales. Con tal motivo, el Consejo tomó dos acuerdos: el primero interponer una querella criminal contra los ecologistas por difamación y daños a la ciudad, año tras años, en las fechas en las que se realizaban las reservas turísticas para el verano. El segundo acuerdo estableció la información a dar a los ciudadanos”.

Es inadmisible que se denomine “acoso” a que una ONG informe a los ciudadanos sobre el funcionamiento de una depuradora con analíticas realizadas por la Junta de Andalucía en laboratorio homologado, y que se asegure que nuestro propósito era perjudicar las reservas turísticas, cuando evidentemente era que se solucionaran los vertidos de aguas deficientemente depurada para favorecer la calidad de nuestras playas y de la oferta turística.

· “La querella fue admitida por los juzgados y el proceso llegó hasta el momento en que los ecologistas demandados tenían que depositar avales económicos. Ante el riesgo de tener que hipotecar sus bienes parta atender las garantías exigidas por el juzgado, clamaron y urgieron a todos los grupos políticos a que se desistiera de la demanda, como finalmente se hizo”.

Es difícil reunir en un solo párrafo tal cúmulo de falsedades:

- Fue el juzgado el que no admitió la delirante solicitud de APEMSA para que se embargaran los sueldos y bienes de los cuatro ecologistas denunciados para avalar los 150.252 € que nos demandaban por supuestas responsabilidades.

- Nunca nos retractamos de nuestras denuncias, ni públicamente ni ante el juzgado. Intentar presentarnos como cobardes asustados solo demuestra la lamentable catadura moral y política de los responsables de APEMSA.

- El juicio se celebró, y el Magistrado del Juzgado nº Uno de Cádiz ABSOLVIÓ A LOS ECOLOGISTA y nos dio la razón en una sentencia –que se adjunta- en la que se asegura que:

§ La información aportada por Ecologistas en Acción “…es una información relevante para el conjunto de los ciudadanos, no sólo porque se trate del funcionamiento de un servicio público fundamental en un área urbana que además se paga por los ciudadanos a través de impuestos, lo cual les da derecho a conocer y exigir su funcionamiento, sino porque se trata de una posible contaminación de un bien de interés general como es el mar y el medio ambiente”.

§ Las críticas a los responsables municipales eran proporcionadas, y no existía ánimo de injuriar.

§ En base a la Auditoría de la Cámara de Cuentas se constata que “prácticamente en ningún momento desde el comienzo del funcionamiento la depuradora se han logrado alcanzar los valores mínimo establecidos por la ley en cuanto a la depuración de aguas”.

Los responsables de APEMSA jamás facilitaron la sentencia a los miembros del Consejo de Administración y nunca informaron del coste que supuso para esta empresa pública la contratación de un conocido bufete para que consiguiera condenar –y acallar- a los ecologistas que informábamos sobre el funcionamiento de la depuradora.

· “Las circunstancias de hoy día son muy diferentes a las de entonces y, ni existe riesgo de contaminación del medio ambiente marino ni hay la alarma social que entonces crearon los ecologistas, la planta, con sus singularidades, funciona correctamente y su rendimiento se controla más allá de lo estrictamente legal”.

Más falsedades:

o La EDAR sigue sin cumplir con los parámetros de calidad de aguas residuales depurada que estipula tanto Real Decreto 509/1996 como la autorización de vertidos que aprobó la Consejería de Medio Ambiente (CMA), y que se deben medir en sus valores absolutos, lo que viene incumpliendo APEMSA.

o Este incumplimiento ha provocado que, a denuncia de Ecologistas en Acción, la Junta de Andalucía haya incoado un expediente sancionador –se adjuntan escritos de la CMA- que ha culminado en una sanción a APEMSA de 3.000 € -que pretenderán que paguemos todos- lo que también ha sido ocultado al Consejo de Administración y a los ciudadanos.

o El control de los vertidos los ha realizado Aqualia en un laboratorio no homologado, por lo que la información facilitada no solo es parcial sino que carece de toda fiabilidad técnica.

· La propuesta concluye que “no existiendo la coyuntura ni las causas que en su día motivaron la adopción de este acuerdo, se propone al Consejo dejar el mismo sin efecto”.

O sea, se facilita información a los ciudadanos sobre el funcionamiento de una depuradora pública que pagan, no porque tengan derecho a la misma, sino porque los ecologistas crean alarma social. Esta propuesta vulneraría el derecho de acceso a la información medioambiental que garantiza la Ley 27/2006, el Convenio de Aarhus y las Directivas Comunitarias 2003/4/CE y 2003/35/CE. Más sorprendente es que se plantee una propuesta de este tipo a un Consejo de Administración de una empresa pública cuando se están tramitando, tanto a nivel estatal como autonómico, leyes de transparencia que estipulan fuertes sanciones a las administraciones y empresas públicas que oculten información a los ciudadanos.

Esta propuesta viene a demostrar que los responsables de APEMSA –el consejero-delegado y el director-gerente- trabajan en beneficio de una empresa privada a la que defienden sistemáticamente en perjuicio del interés público, y para lo que no escatiman en falsedades y en acusaciones tan lamentables como injuriosa contra los ciudadanos que aportan información veraz sobre la nefasta gestión que realiza Aqualia de la EDAR Las Galeras.

Ecologistas en Acción exige públicamente a Alfonso Candón, alcalde de El Puerto, y a Daniel Bornes, presidente de APEMSA, que retiren este punto, que se aclare quien lo ha redactado, se pidan disculpas públicas por su contenido y se adopten medidas sancionadoras, pues es inadmisible que responsables de una empresa pública intenten engañar a un Consejo de Administración y pretendan ocultar a los ciudadanos una información a la que tienen derecho, haciendo caso omiso a la Justicia.