Por una vivienda digna y contra la exclusión

Desde Ecologistas en Acción de Cádiz, nos sumamos a la petición de la Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna y contra la Exclusión en Cádiz.

Manifiesto:

El derecho a la vivienda debe incluir los suministros esenciales como agua y luz.

Las organizaciones que formamos parte de la Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna y contra la Exclusión, preocupadas por la realidad de muchas familias gaditanas que presentan serias dificultades en el acceso a los suministros de agua y electricidad por motivos económicos, quieren expresar su convencimiento de que el derecho a la vivienda, hoy todavía gravemente incumplido, debe incluir el derecho a los suministros básicos como agua y luz. Sin estos suministros, difícilmente un espacio físico podrá ser considerado una vivienda para uso humano

Por ello reclamamos a los poderes públicos la urgente necesidad de intervenir estableciendo respuestas rápidas y criterios claros para que el acceso a estos suministros en condiciones de igualdad y calidad sea un derecho social y no un criterio graciable o un asistencialismo caritativo.

La prestación de estos servicios debe ser adecuada a la dignidad, la vida y la salud humanas, el agua y la electricidad resultan necesarias para diversas finalidades, en especial para usos personales y domésticos, por lo que estos usos deben ser prioritarios. El abastecimiento de agua y la recepción de electricidad de cada persona deben ser continuos y suficientes, los cortes de suministro por impago por motivos económicos deben evitarse, garantizando un servicio de calidad para todas las personas, haciendo especial referencia a los menores de edad, personas mayores y enfermos,… En ningún caso ninguna persona debe quedar privada de estos servicios esenciales a la vivienda por motivos económicos.

Para el caso del agua, esos usos comprenden normalmente el consumo, el saneamiento, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. Para el suministro de electricidad, el empleo de todos aquellos utensilios que facilitan las necesidades vitales de las personas: iluminación, conservación de alimentos, lavado de ropa, funcionamiento de aparatos médicos…

Por lo tanto, el agua y la electricidad deben ser accesibles para todos, sin discriminación alguna. Esta accesibilidad presenta varias facetas:

a) Accesibilidad física. El agua y la electricidad deben estar al alcance físico de todos los sectores de la población.

b) Accesibilidad económica. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance de todos, con independencia de su situación económica. El coste de la prestación de estos servicios no debe comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos, como, por ejemplo, el de la salud. Existen diversas fórmulas para evitar que la situación económica sea un obstáculo para la recepción de estos servicios: contadores provisionales, aplazamientos, prorrateo, etc… Y en último extremo deberán ser las administraciones y las empresas suministradoras quienes garanticen la prestación del servicio. De la misma forma, la situación económica de una unidad familiar, que les obliga a acceder a un uso de la vivienda de manera irregular, no debe suponer ninguna traba a la recepción de estos suministros.

c) No discriminación. El agua y la electricidad deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por motivos económicos.

Ante el incumplimiento de estos derechos y ante la grave situación, que podemos considerar de emergencia social, en relación no solo a los suministros sino a otros que nos preocupan como el derecho a una vivienda digna, los colectivos sociales implicados acuerdan:

1. Los colectivos participantes de esta plataforma trabajarán para que por parte de las instituciones competentes se garantice la prestación de estos servicios en condiciones de calidad y universalidad independientemente de la situación económica de las familias.

2. Reclamar a las administraciones que establezcan procedimientos agiles y eficaces para que las familias con dificultades económicas no tengan que acudir a los Servicios Sociales ni a colectivos de ayuda, sino que desde las propias prestadoras de estos servicios se les apliquen medidas facilitadoras o eximentes del pago, evitando cortes de suministros.

3. La implementación de sistemas de ayudas mediante procedimientos reglados para el pago de los suministros o de otras necesidades sociales en relación a la vivienda, de manera que el ciudadano conozca a priori la posibilidad o no de acceder a estas ayudas.

4. Establecimiento de un bono social en Eléctrica de Cádiz que ofrezca a las familias en situación de especial vulnerabilidad, las bonificaciones necesarias para el sostenimiento del pago de este servicio.

5. Modificación de las Ordenanzas Fiscales 20 (tasa por servicios de gestión de residuos sólidos), 21 (tasa por servicios de alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas residuales) y 22 (tasa por prestación de servicios de distribución de aguas), estableciendo un sistema reglado y público que atienda al número de miembros y a la capacidad económica de la unidad familiar, como ya se hace en otros municipios

6. Establecimiento de un sistema reglado de fraccionamiento de pago, complementario de otras medidas, para aquellas unidades familiares que, aún obteniendo rentas, se vean con dificultades para afrontar íntegramente los pagos de los suministros de agua y electricidad.

Cádiz a, 26 de febrero de 2014




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