Tras cuatro días de sesiones en el Juzgado de lo Penal número 2 de Valladolid y seis años después del inicio de las diligencias por el caso de la “Ciudad del Golf” de Las Navas del Marqués (Ávila), hoy concluye la vista del juicio oral contra cinco altos cargos y técnicos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, para los que la acusación popular de Centaurea y Ecologistas en Acción se reafirma en la petición de 8 años de inhabilitación por el delito de prevaricación ambiental.
Los técnicos imputados son el actual Director General de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz Sanz, su antecesor en el cargo Mariano Torre Antón, el actual Jefe de Servicio de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León, José Ignacio Molina García, el entonces Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, Juan Manuel Pardo Ontoria, y el Jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas de este último Servicio, Sabas Yagüe Bosch.
Las declaraciones de los procesados y de los numerosos funcionarios de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que junto a técnicos privados que emitieron informe a instancia de la defensa han comparecido en calidad de testigos y peritos de ésta, han apuntado en la dirección de que las 210 hectáreas integrantes del Lugar de Importancia Comunitaria y Zona de Especial Protección para las Aves “Pinares del Bajo Alberche” y los ámbitos de los Planes de Recuperación del Águila Imperial y la Cigüeña Negra en Castilla y León, y en particular el Área Crítica para la conservación de esta última especie afectada por el proyecto, carecían de valores ecológicos que justificaran su preservación de la urbanización y por lo tanto la emisión de informes ambientales contrarios a dicha pretensión.
En opinión de la acusación popular, tal planteamiento, sostenido de forma corporativa por la institución encargada en Castilla y León de velar por la conservación de la naturaleza, resulta insostenible dado que fue la propia Administración regional la que dotó a dichos terrenos de las figuras de protección legal cuya pertinencia parece que ahora “a posteriori” se discute. Por otro lado, el valor ecológico de estos terrenos se ha considerado probado por las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y del Tribunal Supremo que anularon la clasificación como suelo urbanizable de los terrenos destinados a la “Ciudad del Golf”.
Dichos valores ecológicos y faunísticos han sido ratificados por los dos peritos de la acusación popular, un Investigador Científico del CSIC y una experta en avifauna de la Sociedad Española de Ornitología.
Por ello, Centaurea y Ecologistas en Acción consideran que la vista ha confirmado los términos del auto de imputación cuando señalaba que “la actuación de los imputados bien de forma concertada o bien por sometimiento a los dictados del superior de todos ellos, de forma deliberada y con conocimiento de lo que hacía, sustituyeron el informe que debieron dar con respeto a la normativa medio ambiental aplicable que conocían, variando incluso en algún caso, la correcta interpretación sostenida inicialmente, y acordaron informar favorablemente -aunque con medidas correctoras- el informe que se les había solicitado a fin de hacer factible la construcción pretendida”.
Los conservacionistas esperan que en el caso de la Ciudad del Golf de Las Navas del Marqués se determinen responsables penales y que dicha agresión ambiental no quede impune. Asimismo, consideran lamentable la posición corporativa mantenida por los testigos de la defensa, lo que junto al mantenimiento de los acusados como altos cargos en ejercicio a pesar del juicio lleva a los ecologistas a preguntarse en qué manos está la protección de la naturaleza en Castilla y León.
