Incompetencia manifiesta de la política minera de la Junta

Ecologistas en Acción advierte que las constantes decisiones arbitrarias de las autoridades mineras de la Junta generan inseguridad ambiental y jurídica.

La decisión del Gobierno Central de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) el Decreto de la Junta de Andalucía por el que se reservaba los derechos del complejo minero de Aznalcóllar no hace más que sacar a la luz la absoluta arbitrariedad con la que habitualmente actúan las autoridades mineras y ambientales andaluzas.

Podemos encontrarnos con un nuevo caso de invasión de competencias, como ya ocurrió con la transferencia de las competencias del Guadalquivir, que fueron anuladas por el TC y que ha provocado graves situaciones de inseguridad ambiental y jurídica, favoreciendo la anulación de numerosos expedientes sancionadores en toda la cuenca, y generando impunidad ante extracciones ilegales de aguas y por vertidos contaminantes, como los de la mina de Cobre Las Cruces en Gerena (Sevilla), cuyos máximos directivos acaban de ser acusados por la Fiscalía por delitos contra el medio ambiente, sin que ni la Junta ni el Gobierno Central se hayan siquiera personado en la causa.

La decisión de la Junta de Andalucía de reactivar la minería andaluza tiene como único objetivo conseguir votos, aun a costa de crear falsas expectativas laborales, incurriendo en graves errores jurídicos y técnicos, que sin duda llevaran a repetir las consecuencias ambientales de la catástrofe anunciada de las minas de Aznalcóllar de abril de 1998.

Este puede ser el caso de la reapertura de las Minas de Río Tinto, donde la Junta ha emitido el pasado mes de febrero de 2014 un Dictamen Ambiental, previo al otorgamiento de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) a la empresa Emed Tartessus, que contiene graves deficiencias técnicas y que en nada garantiza la viabilidad ambiental del proyecto, especialmente respecto a la gestión de los residuos y aguas contaminadas que se van a generar, sin que previamente se dé una solución creíble a las balsas de aguas contaminadas existentes desde que cerró la mina.

La falta de rigor ambiental, técnico y jurídico, hace que se aprueben proyectos totalmente inviables, como es el caso de la reapertura del yacimiento Lomero-Poyatos en el Cerro del Andévalo (Huelva), autorizada en noviembre de 2012 y que ha tenido que ser anulada por incumplimiento radical de las condiciones de la AAU, lo cual era claramente previsible.

Recientemente, la Junta ha anunciado la prórroga de 30 años a la cantera Sierra de Morón, ignorando todos los daños ambientales provocados por esa cantera en los 30 años anteriores, y aplicando una legislación ambiental que está derogada desde 2008.

En Ecologistas en Acción llevamos años advirtiendo del desprecio con el que la Junta de Andalucía trata la legalidad vigente que afecta a proyectos mineros, afectando gravemente a la prevención ambiental y vulnerando de manera sistemática y dolosa los derechos de participación y acceso a la información ambiental. En todos los casos, la Junta ignora por completo las alegaciones que realiza Ecologistas en Acción y se niega a reconocer nuestro derecho a ser parte interesada en las autorizaciones mineras, vulnerando de esta manera la legislación comunitaria vigente desde las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE, traspuestas en la Ley 27/2006, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.


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