Fracking: un pozo sin fondo

Un importante acuerdo comercial que se está negociando actualmente entre la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos (EE UU) amenaza la capacidad de los Gobiernos para proteger a las comunidades, a los ciudadanos y las ciudadanas, y el ambiente de nuevas tecnologías de riesgo como el fracking.

La Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP en inglés) abarca un gran abanico de temas y sectores, entre los cuales la seguridad alimentaria, los productos transgénicos, los productos químicos tóxicos, los combustibles altamente contaminantes y la protección de datos. Las conversaciones amenazan con mermar o erosionar salvaguardias acordadas democráticamente y establecidas para proteger el ambiente y las personas en beneficio de las ganancias de las grandes empresas.

Las negociaciones favorecerán muy probablemente la protección de las inversiones corporativas por encima de la protección de la ciudadanía y el ambiente, y permitirán que las compañías exijan una indemnización cuando las decisiones de un Gobierno afecten a sus ganancias. Esto podría beneficiar a las compañías que buscan explotar recursos naturales mediante tecnologías peligrosas y cuyas actividades puedan verse afectadas por regulaciones en materia de ambiente o salud.

La fractura hidráulica (fracking en inglés) se utiliza para extraer combustibles fósiles no convencionales de difícil acceso, como gas y el petróleo de esquisto, el gas de arenas compactas y el metano en vetas de carbón. El fracking incrementará la disponibilidad de suministros de gas, confinándonos a la dependencia de combustibles fósiles durante varias décadas.

Cada vez son más las pruebas de los enormes riesgos e impactos sanitarios y ambientales del fracking y esto está generando una extensa oposición pública entre las comunidades, tanto en la UE como en los EE UU.

Este dossier informativo analiza cómo la TTIP podría limitar la capacidad de los Gobiernos para regular el desarrollo y la expansión del fracking.

En sus páginas se arguye que la TTIP podría socavar las medidas de los Gobiernos para luchar contra el cambio climático y proteger a la ciudadanía; podría expandir el fracking al acabar con la capacidad de los Gobiernos para controlar la exportación de gas natural; y podría significar que los Estados se vean obligados a pagar a las corporaciones cantidades astronómicas en concepto de indemnización por ‘beneficios perdidos’ raíz de la adopción de regulaciones.

Finalmente, insta a la UE y los EE UU a excluir los derechos de solución de controversias inversor-Estado de este acuerdo y de otros acuerdos comerciales en fase de preparación, como el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA en inglés) entre la UE y Canadá.

Este dossier informativo es una iniciativa conjunta de Amigos de la Tierra, Amigos de la Tierra Europa, Attac, Blue Planet Project, Corporate Europe Observatory, Ecologistas en Acción, Powershift, Sierra Club y Transnational Institute.


agosto de 2017 :

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