Un reglamento que culmina la privatización iniciada con la Ley de Costas

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Alegaciones al Reglamento General de Costas

El reglamento culmina la privatización iniciada con la aprobación de la Ley 2/2013, de Protección del litoral, no presenta un solo artículo que suponga avances en la protección del litoral y puede convertir a las playas en verdaderos centros comerciales expendedores de comidas y bebidas.

Finalizado el Plazo de exposición pública, Ecologistas en Acción ha presentado 36 alegaciones al proyecto de Real Decreto por el cual se aprueba el Reglamento General de Costas.

Se trata de un Reglamento que desarrolla las novedades que la Ley del 2013 presenta respecto a la Ley de Costas del 1988; a esas novedades Ecologistas en Acción ha mostrado su oposición y disconformidad y, ahora en estas nuevas alegaciones, subraya y pormenoriza esa disconformidad.

El grueso de las alegaciones pone de manifiesto la mercantilización del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) que confirma el Reglamento y pide específicamente que todo lo que se inunda por el mar se incluya en el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT): las salinas y piscifactorías, la totalidad de las urbanizaciones marinas, los márgenes de los ríos por los que entra el mar hasta 2000 m de su desembocadura etc.

Igualmente se pide la prohibición de determinados usos del DPMT, que se consideran lesivos para mantener su integridad, como pueden ser la existencia campings con elementos desmontables, la publicidad de cualquier tipo, la celebración de fiestas y eventos de interés general, autonómico o local, la instalación temporal de chiringuitos en playas naturales y la abundancia y tamaño de esas instalaciones fijas en playas urbanas: cada 150 metros se puede instalar un establecimiento con un total de 300 m2 (200 m2 de edificación, 70 m2 de terraza y 30 m2 de aseos). Por esto se exige que las instalaciones deportivas que se instalen en las playas no puedan expedir alimento y bebidas.

Se han presentado también alegaciones relativas a las autorizaciones, pidiéndose que sean personales e intransferibles, que no se puedan arrendar, y de una duración máxima de un año en contra de los cuatro autorizados. Asimismo, tal y como se criticó en la ley de costas, la duración de las concesiones se pide que no supere los 30 años y sin prórrogas bajo condición alguna. Ello conllevaría, de facto, privatizar las zonas más estratégicas para la socioeconomía del litoral.

Por lo que respecta a la prescripción de las sanciones, se solicita que debería ser la contemplada en el anterior reglamento y, además, que la necesariedad de restitución del DPMT a su situación inicial después de haberle causado daño nunca debería prescribir, ni mucho menos en los 15 años que contempla la actual propuesta.

Con estas alegaciones, Ecologistas en Acción se manifiesta, una vez más, contrario a la nueva Ley de Costas y al despliegue de este nuevo Reglamento que oficializará la amnistía general a los municipios, de todas las Comunidades Autónomas, que con todo tipo de gobiernos infringieron la legislación sin que nada sucediera y, además, incrementa el uso del DPMT hasta límites inimaginables en las que se denominaran playas urbanas y permitiendo todo tipo de servicios en playas naturales y vírgenes hasta el momento.

La nueva Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de su Reglamento General de Costas deberían tener como fin articular la conservación de todo el medio litoral y no la búsqueda de rendimientos económicos en él; esto último, considerado como prioridad, puede ocasionar la pérdida a largo plazo de lo uno y los otros. Las playas, en particular, han de ser considerados espacios naturales del medio litoral y nunca espacios destinados a la explotación económica a los que se busca su máximo rendimiento.

De hecho con esta normativa se va a dar pie a crear un continuo urbanizado de carácter comercial por todo el litoral español.




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