Tras siete años de investigación, la Justicia no halla ningún culpable de la recalificación urbanística y posterior tala parcial de un espacio natural protegido en Las Navas del Marques.

Una vez más, como sucediera con las catástrofes del petrolero Prestige en Galicia y de la balsa de Boliden en el Parque Nacional de Doñana, parece que destruir la naturaleza en España sale gratis.

Transcurridos siete años y medio desde que en septiembre de 2006 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declarara ilegal el proyecto de construir 1.600 viviendas, una zona hotelera y dos campos de golf en 215 hectáreas de la Red Natura 2000 en el municipio de Las Navas del Marqués (Ávila), afectando a un Área Crítica para la conservación de la Cigüeña Negra, especie en peligro de extinción, ninguno de los veinte imputados por los hechos ha sido hallado responsable de los mismos.

La sentencia del Juzgado de lo Penal nº 2 de Valladolid absuelve a los cinco altos cargos y técnicos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León que intervinieron en los informes y la Declaración de Impacto Ambiental del Plan Parcial “Ciudad del Golf”, al no observar “arbitrariedad en la actuación de los funcionarios públicos informantes” sino “discrepancia técnica, fundamentada y razonada”.

Por otro lado, sentencia la Juez “que ninguno de los acusados ha dictado resoluciones (no formaban parte del órgano decisorio) sino que informaron de los aspectos medioambientales que fueron sometidos a su consideración técnica”, sin que les resulte de aplicación el tipo penal de la prevaricación urbanística porque las actuaciones enjuiciadas son anteriores a la reforma del Código Penal de 2010, y por lo tanto sólo afecta a proyectos de edificación pero no a instrumentos de planeamiento urbanístico ilegales como el informado por los cargos de medio ambiente en el caso de la Ciudad del Golf.

En este sentido, es muy llamativo que ninguna de las personas que resolvieron la aprobación del plan urbanístico declarado ilegal, empezando por el Alcalde y el Secretario de Las Navas del Marqués, el ex-Delegado de la Junta y los restantes miembros de la Comisión de Urbanismo de Ávila, o la entonces Consejera de Medio Ambiente María Jesús Ruiz, hayan sido encontrados culpables o ni siquiera hayan sido enjuiciados por estos hechos, amparándose en que ellos hacían lo que informaban los técnicos.

Si los técnicos pueden informar lo que quieran sin responsabilidad alguna porque los que deciden son los políticos y los políticos eluden su responsabilidad porque de materias técnicas no entienden y se limitan a seguir lo que proponen los informes de los técnicos, Centaurea y Ecologistas en Acción consideran que el panorama resulta desolador y peligrosísimo para la conservación de la naturaleza.

Por todo ello, ambas asociaciones van a estudiar la interposición de un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valladolid, y esperan que ésta sea también la opción barajada por la Fiscalía, ante una sentencia cuya argumentación no comparten, y que en opinión de los ecologistas alienta la impunidad de las autoridades y funcionarios que por adoptar resoluciones ilegales e informes sesgados han sido incluso promocionados en lugar de cesados, como es el claro caso del actual Director General de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz Sanz,.