El cierre de Golf El Puerto

Cierre de Golf El Puerto: la previsible quiebra de uno de los proyectos emblemáticos de la especulación urbanística. El Ayuntamiento debe pedir la reversión de estos terrenos con destino a viviendas sociales de autoconstrucción.

El cierre de Golf El Puerto no nos ha cogido de sorpresa a los ecologistas. Desde que se anunció este proyecto, hace ya 15 años, Ecologistas en Acción se ha venido oponiendo en todos los trámites administrativos que llevó a la construcción de un campo de golf que ha sido un compendio de ilegalidades, corruptelas y ejemplo palmario de la burbuja inmobiliaria que ha llevado al sector bancario, y a todo el país, a la ruina.

El campo de golf se construyó en las fincas Cabezas y Viña Rango, de 1.546.522 m2, que eran propiedad municipal, se vendieron a una de las empresas de Ramón Marrero -ex consejero de la Junta de Andalucía-, mediante un turbulento, fraudulento y manifiestamente ilegal procedimiento de adquisición y enajenación por parte de la empresa municipal IMPULSA, según consta en el Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María realizado por el Tribunal de Cuentas. Esta venta supuso un importantísimo quebranto a la hacienda municipal, entre pagos sin justificar, compensaciones no recibidas, ventas a bajo precio... Baste destacar que IMPULSA adquirió estos terrenos en 1998 por 3.606.072 €, y los vendió en 1999, con el compromiso de recalificarlos, por 4.507.590 €. Una vez recalificados, los promotores de Golf El Puerto se beneficiarían de un gigantesco pelotazo, ya que al precio de mercado en plena burbuja inmobiliaria, estos terrenos podrían llegar a revalorizarse a más de 400 millones de euros.

Este campo de golf se comenzó a construir en el año 2000, sin licencia de obras, pues el Ayuntamiento no la aprobó hasta abril de 2002; licencia ilegal, pues ni siquiera estaba aprobado el Plan de Actuación Urbanística (PAU) y por tanto los terrenos seguían siendo no urbanizables a todos los efectos. Estos terrenos fueron recalificados en agosto de 2001 por medio de una modificación a la carta del PGOU que fue anulada en 2004 por el TSJA, lo que no impidió que el campo se terminara y se procediera a su apertura con la presencia del entonces alcalde Hernán Díaz y de otras personalidades civiles y religiosas.

Cuando llegó el PP al gobierno municipal, en vez de dar marcha atrás en este despropósito, volvió a modificar el PGOU para legalizar este campo de golf, que era una mera justificación, y así fue denunciado reiteradamente por Ecologistas en Acción, para construir una macrourbanización de 700 viviendas, hoteles y centro comercial.

Estos terrenos deberían haberse integrado en el Patrimonio Municipal de Suelo, en vez de ser enajenado ilegalmente, y según la ley sólo podrían destinarse a vivienda protegida o equipamientos públicos, en vez de un campo de golf y una urbanización de lujo. Ecologistas en Acción propone que el Ayuntamiento solicite a la SAREB la cesión de estos terrenos, lo que no es mucho pedir si se tiene en cuenta los millones de euros que todos los ciudadanos hemos pagado para reflotar las entidades financieras arruinadas por el estallido de la burbuja inmobiliaria que inflaron proyectos como este. Caja Inmaculada, entidad que financió este proyecto, se integró en Caja 3, que recibió 407 millones de euros de dinero público para sanearla. Caja 3 se terminó integrando en Ibercaja. Una vez recuperada la titularidad municipal, estos terrenos deben destinarse, tal y como propuso Ecologistas en Acción en sus alegaciones al PGOU, a VPO de autoconstrucción, de forma que se puedan construir unas 1.500 viviendas unifamiliares asequibles para un importante segmento de la población para el que ahora es prohibitivo este tipo de viviendas y, además, se desinflaría la presión para las viviendas de autoconstrucción en el suelo no urbanizable. Este es un modelo que se ha ensayado con éxito en otras poblaciones andaluzas.

El cierre de golf El Puerto, unido al cierre de otros proyectos semejantes que se anunciaban como el motor del desarrollo en diversos municipios gaditanos, viene a dejar en evidencia el fracaso de este modelo turístico-especulativo, que en base a un supuesto uso deportivo, sólo se pretendía recalificar millones de metros cuadrados en una vorágine que ha llevado a empresas, entidades financieras –sobre todo Cajas de Ahorro, y a las administraciones y ciudadanos a la ruina, porque entre todos estamos pagando la quiebra de estas entidades que financiaron esta locura especulativa.

Es un fracaso de los especuladores urbanísticos, de las entidades financieras que alimentaron la burbuja inmobiliaria, pero también de los políticos y partidos políticos que apoyaron este complejo, que permitieron que se construyera de forma ilegal, que lo favorecieron con recalificaciones a la carta, que suscribieron convenios con sus promotores para beneficiarlos, que prometieron cientos de puestos de trabajo, que ignoraron sentencias judiciales y alegaciones a los planes urbanísticos, que en definitiva optaron por apoyar el espejismo de un proyecto que solo pretendía construir una urbanización de lujo para beneficio de unos especuladores urbanísticos.




Visitantes conectados: 622