Denuncia a Mina las Cruces por daños al acuífero de Gerena

Cobre Las Cruces extrajo ilegalmente más de 2,5 millones de m3 de aguas subterráneas entre noviembre de 2010 y 2013, llegando a manipular incluso algunos contadores.

Ecologistas en Acción considera que estos hechos desmienten la falsa teoría de la Junta de Andalucía y del Gobierno Central de que las explotaciones mineras en la franja pirítica de Huelva y Sevilla se van a realizar con las máximas garantías medioambientales. Ambas administraciones ponen a Cobre Las Cruces (CLC) como ejemplo de buena gestión medioambiental para justificar las reaperturas de Aznalcóllar y Rio Tinto, pero la realidad es que, una vez que consiguen los permisos ambientales y de explotación, las empresas mineras nunca cumplen con los requisitos medioambientales que ellas mismas fijan en sus proyectos, incluso en proyectos altamente rentables económicamente como el de CLC.

En septiembre de 2013 Ecologistas en Acción presentó denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente ya que las denuncias presentadas anteriormente ante la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) eran ignoradas. Desde la aprobación del Plan Global en julio de 2009, CLC ha seguido abusando y sobreexplotando el acuífero de Gerena en una cantidad en torno al millón de m3/año, con pleno conocimiento de la Consejería de Medio Ambiente y de la propia CHG.

Las Diligencias de Investigación 105/2013 realizadas por la Fiscalía han concretado, mediante requerimiento de informes a la propia CHG, que entre noviembre de 2010 y noviembre de 2013 la detracción de aguas subterráneas fue de 1.130.177 m3 que corresponden a cantidades extraídas y no reinyectadas por el llamado Sistema de Drenaje Reinyección (SDR) y 1.948.454 m3 de aguas del acuífero que afloran en el fondo de la corta minera y que el SDR no es capaz de interceptar, descontando las aguas de lluvia que llegan a la corta, realizando los cálculos más favorables a CLC, y a pesar de que se han detectado incluso manipulaciones en los contadores.
Sin embargo, CLC sólo cuenta con una concesión de aguas subterráneas de 180.000 m3/año, de los que 20.000 m3/año son para uso doméstico en sus instalaciones y el resto para uso industrial en su Planta Hidrometalúrgica. Según el proyecto inicial de CLC, ese resto de 160.000 m3/año es lo que el SDR no podría interceptar. La restricción de uso del acuífero Gerena-Posadas se debe a su especial condición estratégica para abastecimiento humano, para el Aljarafe y parte del área metropolitana de Sevilla.

Los datos recabados por la Fiscalía confirman todas las denuncias de Ecologistas en Acción respecto a la ineficacia del SDR. Este sistema sigue sin cumplir con los objetivos exigidos en la Declaración de Impacto Ambiental de 2002. En 2008, ante las denuncias de Ecologistas en Acción se tuvo que cerrar la mina durante un año porque el SDR ni evitaba la contaminación con metales pesados del acuífero, ni evitaba la extracción de agua por encima de los 160.000 m3 previstos y autorizados.

Actualmente están pendientes de juicio oral tres altos directivos de CLC por graves episodios de contaminación con arsénico y por la extracción ilegal realizada durante la construcción de la corta minera, entre 2006 y 2008.

Para poder continuar con la explotación minera, CLC tuvo que invertir casi 40 millones de euros en el llamado Plan Global de Aguas, consistente en añadir sistemas de depuración al SDR. Y desde 2009 Ecologistas en Acción denunció que ese Plan Global era un fraude, porque sigue sin evitar la pérdida de casi un millón de m3/año de agua del acuífero. Y ya han pasado cinco años y se siguen produciendo daños al acuífero, ante la dejación de funciones de la Consejería de Medio Ambiente y de la CHG.

En sus investigaciones actuales, la Fiscalía ha analizado dos expedientes sancionadores, uno iniciado en 2010 por la Agencia Andaluza del Agua que ha sido anulado judicialmente tras la Sentencia del Tribunal Constitucional de marzo de 2011 que declaró la incompetencia de la Junta de Andalucía en la Cuenca del Guadalquivir, y otro iniciado en 2012 que la CHG ha dejado caducar sin sanción.

Sin embargo, desde el punto de vista penal, todos los hechos e informes de valoración de daños siguen teniendo validez y por ello la Fiscalía considera que los hechos pueden constitutivos de un delito de daños en bienes de dominio público del artículo 263.2.4º del Código Penal. Los daños se han evaluado inicialmente en 289.636 euros.

Para Ecologistas en Acción los responsables directos de estos hechos son el responsable de la gestión del agua de CLC, Juan Carlos Baquero y la responsable de medio ambiente de CLC, Paz Cosmen, que es reincidente porque también está acusada por delitos contra el medio ambiente y continuado de daños entre 2006 y 2008.

Desde Ecologistas en Acción exigimos a la Consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, el cumplimiento estricto de los condicionantes ambientales exigidos a CLC, y exigimos al Presidente de la CHG, Manuel Romero y al Comisario de Aguas, Rafael Álvarez, que depuren responsabilidades respecto a la dejación de funciones que provoca la caducidad de sanciones y que por supuesto reinicien los expedientes sancionadores pertinentes antes que se produzca la prescripción de los mismos.




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