Ley de Caza: graves limitaciones al uso público, pero más subvenciones a la caza

Ecologistas en Acción ha presentado en un extenso documento 174 alegaciones al anteproyecto de Ley de Caza de Castilla-La Mancha.

En él se critica que el Gobierno Regional sólo haya tenido oídos para las demandas del lobby cinegético, el cuál ha visto plasmadas en la norma buena parte de sus exigencias, entre ellas, más subvenciones, limitaciones que afectarán a los ciudadanos en el uso público del medio natural y más posibilidades para cazar de forma intensiva.

Ecologistas en Acción ha puesto por escrito lo que no le dejaron expresar en el Consejo Asesor de Medioambiente y que motivó su abandono de la sesión del pasado lunes 28 de abril. Su más enérgico rechazo a un anteproyecto de Ley de Caza que da un giro de 180º a la gestión cinegética, favoreciendo los privilegios del lobby cinegético en detrimento de los más elementales principios de sostenibilidad ambiental, bienestar animal y respeto de los derechos de los no cazadores.

Las alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción afectan a la mayor parte de los 86 artículos y 21 disposiciones de que consta el anteproyecto. Para la Consejería de Agricultura, impulsora de la mano del lobby cinegético del cambio legislativo, la caza se debe ver beneficiada de las ayudas públicas, de una normativa permisiva y de un menor control administrativo.

Por destacar algunas cuestiones relevantes que se contemplan en la Ley y a las que se ha alegado desde Ecologistas en Acción citaremos las siguientes:

- Nuevas limitaciones al uso público en los cotos de caza. Uno de los aspectos más novedosos y de mayor impacto de la Ley es el que atañe al uso público, el cuál se va a ver gravemente afectado por dos factores, nuevas prohibiciones para el resto de ciudadanos y nuevos vallados cinegéticos.

Uno de los puntos donde se ve que el lobby cinegético ha conseguido uno de sus mayores triunfos frente a los derechos del resto de ciudadanos es en el artículo 27.m que dice, literalmente, que se prohíbe “Cualquier acción … que provoque la huída o altere las querencias naturales [de la caza]…”. Esto implica la prohibición genérica de toda acción en el medio natural, por fortuita que sea, que espante a una simple perdiz, a un conejo o a un ciervo. Ante lo cuál el usuario del medio natural se verá expuesto a las medidas coercitivas que quiera emprender el titular cinegético de los terrenos o sus guardas. Este apartado recuerda mucho al que trascendió que reclamaba el sector cinegético durante la elaboración de la Ley de Montes estatal. Pues bien, ahora se ve reflejado en la Ley de Caza de Castilla-La Mancha de forma expresa.

Por otra parte, la Ley de Caza crea la figura de los vallados secundarios que permitirá multiplicar por 2 y hasta por 4 el número de vallas existentes en la actualidad en las grandes fincas, lo que sin duda mermará la transitabilidad de las vías públicas.
- Más daños en la biodiversidad y más crueldad con los animales. La nueva Ley de Caza, además de los cercados cinegéticos que fragmentan los hábitats de las especies protegidas, impulsa el uso de lazos y trampas contra los predadores e incluso se permite la caza de especies domésticas como los gatos y perros si se encuentran en el medio natural. Amplia los cotos de caza comercial intensiva, ahora denominados cuarteles, no prohíbe ninguna modalidad actual de caza masiva o cruel, y, además, exime a los titulares cinegéticos de responsabilidades en determinados casos de aparición de veneno en los cotos.
- Menores sanciones, controles administrativos y tasas. Por otra parte, según distintos apartados que recoge la Ley, los titulares de cotos verán rebajadas las tasas de matriculación de los acotados, no requerirán autorización previa para determinadas actuaciones y verán rebajadas las sanciones al 50% respecto de lo establecido en la ley anterior, que data de 1993. Así, por ejemplo, las infracciones muy graves pasan de implicar una multa de 6.000 a 60.000 euros a ser de 3.000 a 30.000 euros.
- Ayudas públicas a la caza. Para rematar esta Ley, el Gobierno se permite primar económicamente la caza justo en el momento en el que las ayudas sociales y medioambientales están en mínimos. Así, según el artículo 40.3 la Consejería de Agricultura prevé “de acuerdo con su dotación presupuestaria en materia de subvenciones,…, los fondos que estime oportunos para llevar a cabo medias de fomento destinadas a titulares cinegéticos”.

En suma, la Ley de caza es, no sólo antiambiental, es también antisocial y debe ser reformada profundamente. Por ello, Ecologistas en Acción anima a todos los colectivos y ciudadanos que se puedan ver afectados por la Ley de Caza a seguir presentando alegaciones y quejas ante la Consejería de Agricultura ya que no es de recibo que un sector tan determinado se pueda ver beneficiado de forma tan flagrante por un Gobierno que debiera servir al interés general.




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