Denuncia de 23 fincas por irregularidades legales en materia de caza y de aguas

El grupo local de Ecologistas en Acción de Córdoba denuncia, ante la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la situación de irregularidad legal de 23 fincas rústicas destinadas a la caza mayor, ubicadas, muchas de éstas, en espacios naturales protegidos de la provincia de Córdoba.

En las 23 propiedades denunciadas ante las Administraciones públicas (de las que se relacionan el término municipal donde se localizan, el nombre de la finca, el número de matrícula de coto de caza, y por último, si están o no incluidas dentro alguno de los parques naturales de la provincia de Córdoba) se ha constatado sobre el terreno la supuesta usurpación y ocupación del Dominio Público Hidráulico (zona de servidumbre), por medio de cercas cinegéticas.

Todas las fincas que completan el listado que se adjunta a las denuncias están destinadas como actividad preferente, a la caza mayor de carácter intensivo, para lo cual se ha optado por el cierre de las fincas con una cerca perimetral, con objeto de recluir y controlar las especies de caza mayor, típicas de Sierra Morena, el ciervo y jabalí.

La instalación de este tipo de mallas se ha realizado sin tener en cuenta la normativa ambiental en materia de aguas y de caza, ante la pasividad e indiferencia de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

La normativa de aguas y de caza son muy claras a éste respecto. En la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de de AGUAS, en su artículo 6 establece que los márgenes están sujetas, en toda su extensión longitudinal a una zona de servidumbre de cinco metros de anchura, para uso público.

Sin embargo, en todas las fincas denunciadas, el paso o zona de servidumbre está siendo vulnerado de manera permanente y visible.

La normativa en materia de conservación y de caza también es terminante en este sentido. A pesar de ello, su incumplimiento por parte de la propiedad privada ha sido prácticamente sistemático, desde lo establecido en el Código Civil, en su artículo 388, como en la sucesiva normativa específica en materia de caza, donde, en lo relativo a los cercados de gestión, siempre se ha insistido en la obligación legal de respetar los pasos de servidumbre.

Recientemente ha sido aprobado el Reglamento que regula la actividad cinegética en base a las directrices generales establecidos en la Ley 8/2003 de la Flora y Fauna Silvestre. Entre los aspectos desarrollados se mencionan los cercados, tanto los de protección como los de gestión (cerca perimetral continua). Sobre estos últimos, se indica en el artículo 38, dedicado expresamente a establecer las condiciones y requisitos mínimos exigibles para la autorización de cercado, que los cercados de gestión deben de permitir la circulación de la fauna silvestre no cinegética, dejando libres las vías pecuarias, carreteras y caminos de uso público así como los CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO Y SUS ZONAS DE SEGURIDAD, Y RESPETANDO LAS SERVIDUMBRE PREEXISTENTES.

Viene dando igual que cuanta más cantidad de normativa establezca claras limitaciones a la propiedad privada respecto a los espacios de Dominio Público Hidráulico, más sangrante es la vulneración y las actitudes de prepotencia por parte de la mayoría de los propietarios de grandes fincas de caza mayor cercadas en la provincia de Córdoba.

El caso más denunciable en nuestra provincia, lo representan las numerosas fincas cercadas que han ocupado y usurpado la zona de servidumbre de los cauces de agua públicos, dentro de los espacios naturales protegidos. De las 23 fincas denunciadas, el 74%, es decir, 17 fincas (Jardín de Aljabara, Rincón Alto, La Baja, Fuente La Virgen, El Águila, San Calixto, Las Encinosas, Santa María de Taqueros, etc, están dentro de los límites del Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos, espacio declarado Reserva de la Biosfera, por la UNESCO, espacio natural ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves), así como LIC (Lugar de Interés Comunitario).

Las numerosas iniciativas puestas en marcha a través de la Junta Rectora del parque en los últimos 12 años han sido infructuosas por falta de valentía y decisión de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente. Nunca se ha llegado a conseguir que un solo propietario reconozca y respete la legalidad, ni siquiera, insistimos, en los espacios de mayor valor ambiental de la provincia.

La denuncia de estas 23 fincas cercadas con fines cinegéticos representa el comienzo de una campaña de denuncia de todas las infraestructuras lineales de régimen privado cuya ubicación y localización, suponga la vulneración de los derechos del conjunto de la sociedad.