El TSJ anula la adjudicación del vertedero de residuos industriales de Abajas

Ecologistas en Acción recurre la ampliación “bajo cuerda” del vertedero de residuos urbanos del mismo municipio, por carecer de evaluación de impacto ambiental y autorización ambiental.

Por sentencia nº 668, de 31 de marzo de 2014, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha anulado la adjudicación a las empresas Construcciones Arranz Acinas e Investigación y Control de Calidad en el municipio burgalés de Abajas del concurso convocado por la Junta de Castilla y León en 2009 para seleccionar el emplazamiento y las instalaciones de un Centro de tratamiento integral de residuos industriales no peligrosos en el entorno formado por las provincias de Burgos y Soria.

La sentencia, que es firme, establece que dicho concurso fue resuelto a favor de ambas empresas sin motivación suficiente y vulnerando el derecho de defensa de la otra empresa concurrente, Aldán 21, imponiendo las costas a la Junta de Castilla y León por su temeridad.

De esta forma, queda sin sustento legal el Centro de tratamiento de residuos industriales de Abajas, habiendo quedado sin efecto la Declaración de Impacto Ambiental positiva y la autorización ambiental otorgadas a este vertedero por la Junta el pasado mes de diciembre, frente a las que Ecologistas en Acción había interpuesto un recurso contencioso-administrativo, y que estaban pendientes de su aprobación como Proyecto Regional.

Para enredar aún más este nuevo embrollo legal, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha publicado en el BOCyL del pasado lunes 9 de junio una nueva adjudicación del concurso a las empresas Construcciones Arranz Acinas e Investigación y Control de Calidad, adjudicación que los ecologistas consideran fraudulenta al igual que el concurso original por no haber sido sometida al preceptivo informe del Consejo Asesor de Medio Ambiente de Castilla y León y carecer de la cobertura jurídico-geográfica del Plan de Residuos de Castilla y León, que no contemplaba y sigue sin contemplar expresamente este centro de tratamiento de residuos.

Ante el completo fracaso de la política de residuos de la Junta de Castilla y León, dirigida a facilitar a la industria emplazamientos para el vertido barato de sus residuos y, últimamente empeñada en promover la importación e incineración de todo tipo de desechos en instalaciones como las anuladas judicialmente en Ampudia (Palencia) o las fábricas de cemento de Toral de los Vados y La Robla (León) y Venta de Baños (Palencia), Ecologistas en Acción pide al Consejero de Medio Ambiente, Antonio Silván, un cambio radical en la política de residuos de su Consejería, cambio que debe pasar por el relevo de los actuales responsables de la Dirección General de Calidad Ambiental, especialmente del Jefe de Servicio de Residuos, Agustín Barahona, procesado por delito ecológico.

El Centro de tratamiento de residuos industriales de Abajas incluía un macrovertedero de 11 hectáreas y dos millones de toneladas de capacidad, así como diversas instalaciones industriales auxiliares, en especial una planta de fabricación de “combustible derivado de residuos” con capacidad para generar 18.000 toneladas al año de residuos a incinerar en cementeras o en las calderas de vapor del propio Centro de tratamiento de residuos.

Por otro lado, Ecologistas en Acción también ha recurrido hoy la ampliación en 300.000 toneladas de capacidad del actual vertedero de residuos urbanos del Ayuntamiento de Burgos en Abajas, ampliación que fue autorizada por la Junta de Castilla y León el pasado mes de mayo omitiendo las preceptivas evaluación de impacto ambiental y autorización ambiental, y eludiendo la necesaria información pública del proyecto, vulnerando de esta manera una vez más los derechos constitucionales de los ciudadanos a la información y la participación.

La organización ecologista solicita que dicha ampliación sea revocada y se someta a autorización ambiental y a evaluación de impacto ambiental por conllevar un incremento de la capacidad de vertido superior al 15 por ciento sobre la inicialmente autorizada y por exceder el umbral de 25.000 toneladas establecido en la Ley estatal de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, garantizando el sometimiento del proyecto a información pública.




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