Declarada ilegal una planta de residuos tóxicos en Ólvega (Soria)

Por sentencia de 6 de junio de 2014, el Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia 302/2011, de 9 de julio de 2011, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que anuló la autorización ambiental otorgada en 2009 por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León a la mercantil catalana Distiller, S.A. para la instalación de una planta de tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos en la localidad soriana de Ólvega.

La sentencia original destacaba que “procede declarar la nulidad de la Orden por la que se concede autorización ambiental [a Distiller], por cuanto que falta el presupuesto base de la existencia de unos planes de gestión que concreten los lugares en la forma establecida en la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”. De hecho, el Programa de Infraestructuras del Plan de Residuos Industriales de Castilla y León había sido anulado previamente por no fijar los lugares de eliminación de los residuos.

En relación a la actitud de la Junta de Castilla y León, la Sala del TSJ señalaba que “no se acredita esta situación extrema de no contar con lugares de eliminación de residuos y lo que se acredita es una voluntad de no recoger unos adecuados planes, en la forma exigida por la Directiva, para, amparándose en esta cierta amplitud que permite la indicada Sentencia [del Tribunal Europeo de Justicia], conceder las autorizaciones sin una previa determinación de un criterio planificado de ubicación”.

La sentencia del Tribunal Supremo desestima los recursos de casación concertados de la Junta de Castilla y León y de la empresa Distiller, imponiéndoles las costas procesales.

La planta de Distiller en Ólvega tiene capacidad para el tratamiento de 35.000 toneladas anuales de residuos tóxicos y peligrosos. Fue inaugurada en 2011 por la ex-Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y actual senadora, María Jesús Ruiz, firme partidaria de la importación de residuos tóxicos a la región como “una oportunidad de negocio”, tras obtener unas subvenciones públicas de 4,5 millones de euros.

En sus dos primeros años de funcionamiento, Distiller ha importado a Soria 53.000 toneladas de residuos peligrosos, procedentes en un 90 por ciento de fuera de Castilla y León, en especial de Cataluña, Navarra y Comunidad Valenciana. Según la información de la propia empresa, una cuarta parte de los residuos han sido recuperados y el resto se han expedido para su incineración o vertido principalmente en Andalucía y Galicia. En 2012, la fábrica provocó un vertido que contaminó el arroyo de los Caños. Actualmente, la Junta tramitaba una ampliación de su capacidad hasta las 60.000 toneladas anuales.

Ecologistas en Acción se felicita de la sentencia del TSJ, que ayudará a cortar el tráfico de residuos tóxicos que ha convertido en los últimos años a Castilla y León en el principal receptor nacional de estos desechos, gracias a las facilidades dadas por la Junta de Castilla y León para la instalación de todo tipo de instalaciones de tratamiento físico-químico, incineración y vertido.

En los últimos tiempos, la Justicia ha declarado ilegales numerosas actuaciones de la Junta en materia de residuos, como los vertederos industriales de Abajas (Burgos) y Santovenia de Pisuerga (Valladolid), las incineradoras de Ampudia y Carrión de los Condes (Palencia) o los permisos para quemar todo tipo de residuos en las cementeras de La Robla y Toral de los Vados (León) y Venta de Baños (Palencia). Además de la planta de tratamiento de residuos tóxicos de Ólvega (Soria), ha sido declarada ilegal otra planta similar en Venta de Baños (Palencia).

Queda así de manifiesto el pliegue de la Junta de Castilla y León a los intereses del "lobby" de los residuos, sacrificando el reciclado y la seguridad ambiental y sanitaria de la población al interés económico de las grandes constructoras y fabricantes de cemento que en España controlan el sector. Ecologistas en Acción considera inadmisible que el Gobierno autonómico anteponga el interés económico de un sector industrial concreto a la protección de la salud y el medio ambiente del conjunto de la Comunidad. Por ello, pide al Consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, un cambio radical en la política de residuos de su Consejería, cambio que debe pasar por el relevo de los actuales responsables de la Dirección General de Calidad Ambiental, muy especialmente del Jefe de Servicio de Residuos, procesado por delito ecológico.

Para ello, la organización ecologista demanda la revocación del reciente Plan Integral de Residuos de Castilla y León, dirigido a dar cobertura legal a la importación y quema de residuos de todo tipo, promoviendo un nuevo plan que, con la participación de todos los agentes interesados (y no sólo de la industria), priorice de manera efectiva la reducción, la reutilización y el reciclado de los residuos, ponga coto al tráfico de residuos tóxicos hacia Castilla y León y determine con suficiente precisión la naturaleza y localización de las instalaciones de eliminación y valorización necesarias para los residuos de la industria de Castilla y León, que deberían ser de titularidad pública en el caso de los residuos tóxicos para extremar el control de su operación.