La crisis ambiental como pretexto para la mercantilización de la naturaleza.

Área de Conservación de la Naturaleza de Ecologistas en Acción. Revista El Ecologista nº 81.

La voracidad del capitalismo financiero amenaza cada vez más parcelas de la naturaleza en su afán de incrementar los beneficios monetarios. Privatizaciones de fincas públicas, creación de bancos de hábitats, apropiaciones de recursos naturales… todo vale para poner precio y hacer negocio con especies, ecosistemas y servicios ambientales, de los que depende directamente nuestra vida.

La difícil situación en que la especie humana ha puesto al planeta y a las especies que lo habitan nos ha hecho aproximarnos a la conservación de la naturaleza de distintas maneras. En el contexto de crisis financiera mundial, la crisis ambiental ha pasado a segundo plano, a la vez que emergían las iniciativas neoliberales para, dicen, detener la pérdida de biodiversidad. El sistema económico ha reparado en los últimos tiempos en que los procesos ecológicos tienen beneficios sociales, y su degradación y su pérdida suponen un impacto económico, así que se ha propuesto sacar tajada de nuestra dependencia de los ecosistemas.

Al igual que la dimensión económica de la crisis es la excusa para privatizar los servicios públicos, la ambiental sirve de excusa para privatizar ni más ni menos que la naturaleza. Sorprendentemente, cuando se han empezado a trazar alianzas para combatir la mercantilización de la naturaleza, esta ya estaba en el mercado. Disponemos ya de numerosos casos de cómo nuestro medio natural ha sido comprado y utilizado como una mercancía: desde el agua, ejemplo clásico de privatización de un bien natural, a las iniciativas que a nivel internacional se han puesto en marcha desde diferentes foros.

Se vende y acota el monte mediterráneo

A escala estatal nos hemos encontrado en los últimos años con la puesta en venta de montes públicos en zonas de alto valor natural. En Castilla-La Mancha, el Gobierno de Cospedal elaboró entre finales de 2012 y comienzos de 2013 una lista con 57 montes públicos [1] que se disponía a vender pese a figurar la mayoría en espacios naturales protegidos. Recientemente el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha puesto a la venta la finca de La Almoraima, dentro del Parque Natural de los Alcornocales (Cádiz) y de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo [2]. Ecologistas en Acción ayudó a frenar el intento en Castilla-La Mancha y ahora, junto con otras ONG ha pedido a la Junta de Andalucía que se oponga a este expolio.

La modificación de la Ley de Montes estatal y las revisiones de las normativas de caza nos muestran otra serie de amenazas. A los recurrentes cierres de caminos públicos y vías pecuarias por parte de propietarios de fincas [3], se suman el Gobierno central y algunos autonómicos planteando penalizar el uso público, dando prioridad a usos privativos como la caza. Las limitaciones al ciudadano en el medio natural dejan el campo libre a los cazadores para la celebración de batidas y monterías, cumpliendo las exigencias del lobby cinegético.

Otra prueba de que estas nuevas leyes están al servicio de intereses mercantiles es la modificación del artículo 50 de la Ley de Montes, donde se establecía una moratoria de 30 años para construir en las zonas forestales quemadas. Este artículo se creó para evitar que se incendiaran los montes con vistas a cambiar la catalogación de los terrenos “por la vía rápida” para especular con ellos. Con el cambio que ahora aparece en la propuesta de Ley de Montes, dicha moratoria se supedita a la decisión de las Comunidades Autónomas, que pueden aducir razones de “interés general” para no cumplirla.

Y hay muchos ejemplos más. Las consecuencias de los cambios legislativos se pueden comprobar en proyectos institucionales como “El árbol es vida”, que recientemente ha presentado el Ministerio amparándose también en los cambios normativos propuestos en la nueva propuesta de Ley de Montes, y que implica a varios ministerios. Bajo el disfraz de la acción ambiental contra las emisiones de CO2 y la creación de jornales, este proyecto promueve la plantación de especies forestales de rápido crecimiento para el aprovechamiento forestal de los montes a corto plazo, algo que creíamos superado después de las desastrosas consecuencias que han tenido las políticas forestales de hace décadas, que llenaron de pino y eucalipto nuestros montes. Las bases del proyecto incluyen los máximos incentivos fiscales a las empresas que lo apadrinen, lo que constituye una invitación de facto al sector privado a participar en los beneficios que generen las nuevas explotaciones forestales.

Especies en peligro

La atención a especies amenazadas es una de las materias más afectadas por recortes y privatizaciones. Los centros de fauna, con menos medios que nunca por la disminución de presupuestos públicos, dependen cada día más de ONG o donaciones de particulares. El proyecto emblemático Life Iberlince ha visto cómo las Comunidades de Extremadura y Castilla-La Mancha, ante la indiferencia cómplice de la Unión Europea, abandonaban sus compromisos económicos de aportación y delegaban en empresas privadas del sector forestal, sin experiencia previa en el lince, los trabajos de preparación de las zonas de recuperación de la especie.

En el plano normativo, la aprobación del Real Decreto de Especies Exóticas Invasoras que ha sustituido al casi sin estrenar de 2011, ha sido descafeinado en favor de los intereses de los sectores más intensivistas de la caza y la pesca, las peleteras de visón americano, las tiendas de mascotas, los agrocombustibles y los viveros de jardinería.

El precio de la naturaleza

También es más que alarmante la tendencia de los foros internacionales. La biodiversidad en todos sus niveles (genético, específico y ecosistémico) ofrece una serie de beneficios de los que nos aprovechamos como sociedad: polinización y alimentos, recursos naturales, purificación de agua y aire, bienes culturales, usos recreativos… No se trata de bienes fácilmente tangibles y no es fácil medir su impacto económico según este sistema vigente, por lo que se presentan como externalidades al sistema económico.

Averiguar o decidir el precio de los ecosistemas es, por tanto, el nudo gordiano si se quiere dar un paso más y privatizar elementos que en realidad tienen un valor que va mucho más allá de lo monetario, además de resultar, en muchas ocasiones, insustituibles, no solo por ser difíciles de percibir, sino por su valor ambiental y su singularidad. Algunos elementos se han tasado atendiendo por ejemplo a lo que un usuario pagaría por entrar a un determinado espacio natural, pero otras cuestiones son aún más difíciles: ¿qué valor puede tener el mantener el suelo fértil a través de la actividad de la fauna del suelo? ¿o los polinizadores que permiten mantener la producción en muchos cultivos? ¿es el dinero ahorrado en sanidad el precio que podemos pagar por la depuración del aire que ejercen los bosques? Ante el impacto negativo que el deterioro ambiental supone para la economía, estas preguntas empiezan a cobrar sentido para entidades como aseguradoras o bancos [4].

Hay por tanto varios frentes abiertos que pretenden poner precio a la biodiversidad, como la bien conocida iniciativa TEEB [5] (The Economics of Ecosystems and Biodiversity, Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad), iniciada por el G8 en 2007 y que pretende una aproximación ambiciosa a todos los ámbitos relacionados con la economía y la biodiversidad.

La privatización llega a Naciones Unidas

En octubre de 2012 en Hyderabad (India) tuvo lugar la undécima Conferencia de las Partes (COP11) del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) de Naciones Unidas [6]. Las decisiones finales daban la bienvenida a la inversión privada para la financiación de la lucha contra la destrucción de la biodiversidad junto a fuentes especulativas como la bolsa. Estas decisiones tuvieron lugar solamente tres meses después de la cumbre de Río+20, donde se consumó un proceso de mercantilización global del medio ambiente escondido tras el concepto de Economía Verde.

Además, durante esa cumbre el CDB dejó en manos de la Convención Marco de Naciones Unidas del Cambio Climático (CMNUCC) el mecanismo REDD+, la herramienta más ambiciosa para la regulación de la explotación forestal y que supone una seria amenaza a los bosques de todo el planeta si se administra bajo criterios de mercado. Las salvaguardas ambientales a REDD+ impuestas por el CDB, que nunca fueron muchas, quedan a merced de la CMNUCC y los intereses de la agroindustria infiltrada.

Siguiendo la peligrosa senda que la lucha contra el cambio climático tomó al adoptar los Mecanismos de Desarrollo Limpio de Kioto para compensar las emisiones de CO2, el paradigma de la compensación (destruyo aquí y pago para conservar en otro lado) se ha contagiado a las políticas de conservación. Así, se han abierto las puertas a relajar la legislación de protección de la naturaleza mediante la creación de un mecanismo de mercado de compraventa de títulos de conservación. Se regula e incentiva el que entidades privadas o públicas paguen para poder destruir la biodiversidad.

La iniciativa No net loss (Evitar la pérdida neta) surge en 2012 por mandato de la Comisión Europea, con el apoyo de la OCDE, para implementar mecanismos de compensación por destrucción de la biodiversidad a partir de 2015 [7]. La premisa es asumir como inevitables las agresiones a los ecosistemas pero al menos compensarlas para que la biodiversidad en su globalidad no vaya a peor. La trampa es múltiple: primero, conservar un hábitat o una especie determinada no puede compensar otra distinta. Cada espacio, ecosistema o comunidad es único e irreemplazable. Esta iniciativa permitiría por ejemplo destrozar un hayedo milenario para instalar una mina e intentar compensarlo con una plantación de hayas, o amenazar una población de lince con una carretera, creando un centro de cría en cautividad.

Segundo, el principio de No net loss es perverso: ante la crisis ambiental actual es inaceptable seguir ejerciendo acciones contra la biodiversidad, sin plantearse que debemos revertir la tendencia actual de degradación. Tercero, al ser mecanismos de mercado significa que es el mercado quien regula los precios. Se dará un precio a cada individuo o población de cada especie que pueda ser destruida, y a cada ecosistema, como si la vida pudiera medirse en términos monetarios. Por otro lado, en un escenario de precios “altos” de la biodiversidad el mecanismo podría, de algún modo, frenar o condicionar determinados proyectos destructivos. Pero ¿qué sucede si los precios se hunden?: destruir la biodiversidad será casi gratis. Aunque la OCDE sí propone escenarios más positivos, de “ganancia neta” que posteriormente descarta, la Comisión Europea no solo ha puesto menos énfasis en otros escenarios posibles, sino que tampoco lo ha hecho en relación a la necesidad de evitar impactos y luego minimizar los inevitables antes de pensar en compensarlos, algo que la OCDE sí ha remarcado.

Iniciativas para contener la destrucción de biodiversidad mediante la compensación ya se llevan aplicando largo tiempo en Alemania, Sudáfrica o Estados Unidos. Sudáfrica por ejemplo, tiene un sistema de puntuación en función del ecosistema a destruir que sirve de indicador del dinero a pagar en restauración de ecosistemas. El sistema ha sido calificado de “muy limitado” [8]. El sistema norteamericano se lleva aplicando a humedales desde los años 70 con resultados calamitosos y alejados de sus objetivos.

Bancos de Conservación
Una de las opciones que han aflorado con fuerza son los Bancos de Hábitat o de Conservación, y que se incorporan en la nueva Ley de Evaluación Ambiental (Ley 21/2013). Se pueden definir como la obtención de créditos por realizar acciones de mejora ambiental en algunos territorios. Los créditos se pueden comercializar o usar como moneda de cambio para ejercer una agresión a un territorio. Este concepto empieza a arraigar en España de la mano de otros conceptos como los Mercados de medioambiente o Biodiversidad para los negocios, manipulando la conservación como una transacción financiera.

Las empresas de consultoría transnacionales se mueven ahora para comprar pequeñas consultoras ambientales estatales, tomando posiciones en el campo de la restauración y la evaluación de impacto ambiental, indicando que se puede estar creando un negocio tan jugoso como tenebroso.

Biopiratería

Nada de la biodiversidad escapa a la privatización. La diversidad genética que permite la adaptación de las especies al entorno es la base de dos importantes beneficios sociales: la biodiversidad como despensa farmacéutica, y la domesticación de variedades de plantas y animales que se adecúan mediante selección artificial a las condiciones ambientales. En el primer caso, principios activos y recursos farmacológicos conocidos desde hace siglos por comunidades locales tradicionales han sido esquilmados y su uso blindado mediante patentes. En el segundo, la variabilidad genética cultivada y mantenida como semillas o razas de ganado es cada vez más escasa debido a las grandes compañías del agronegocio.

El Protocolo de Nagoya, aprobado inicialmente en 2010, pero que aún no ha entrado en vigor y con serias lagunas legales, pretende acabar con esta situación. Al ser las comunidades locales las poseedoras de los recursos genéticos de los territorios donde viven ningún aprovechamiento económico puede darse sin su aprobación y sin que la comunidad sea también beneficiada. No está claro que se consiga aplicar este Protocolo pues hay muchos intereses corporativos en juego, y la gobernanza de Naciones Unidas está en entredicho después de tantos fracasos.

Desgraciadamente, un sistema económico en entredicho ha arrastrado hacia el lucro a cualquier elemento a su paso. Y ni siquiera lo más invalorable de todo este planeta, su patrimonio natural, queda libre de su punto de mira. Va a costar mucho tiempo desterrar estos conceptos errados que entretanto, bajo la etiqueta de soluciones a la destrucción de la biodiversidad, corren el riesgo de hacer aún más estragos en la naturaleza.

Notas

[2] Ver artículo de Juan Clavero, “La Almoraima”, en este mismo número.

[3] Ver artículo de Mª J. Esteso, “Cierre de caminos públicos”, en este mismo número.

[8] Manuel Jeffrey, The limits to what can be offset: South African Policy and experience. http://vimeo.com/70576470;