La Almoraima

Intentos de privatizar la mayor finca forestal de Andalucía.

Juan Clavero, Ecologistas en Acción de Cádiz. Revista El Ecologista nº 81.

A causa de la mala gestión de esta finca, se ha deteriorado su situación ecológica y forestal. Ahora se intenta venderla facilitando el desarrollo de un proyecto urbanístico con actividades especulativas. Pero la alternativa más razonable pasa por incorporar la finca al catálogo de montes públicos del Parque Natural Los Alcornocales, permitiendo unir conservación, rentabilidad económica y social, aprovechando los recursos y beneficios que aporta.

La Almoraima es una enorme finca incluida en su mayor parte en esa selva mediterránea que conforma el Parque Natural Los Alcornocales. Cazadero de los Duques de Medinaceli, pasó por diversos avatares hasta que la entonces pujante Rumasa de Ruiz Mateos la adquirió en 1973. Con la expropiación de Rumasa en 1983 pasó al Patrimonio del Estado, pero ni los gobiernos del PSOE ni los del PP quisieron darle estatus de monte público, y mantuvieron el que pasa por ser el mayor latifundio de Andalucía como propiedad patrimonial, por tanto susceptible de ser enajenada a voluntad de los gobernantes de turno. La Almoraima tiene 14.113 hectáreas, de las que 12.760 ha están incluidas en el Parque Natural Los Alcornocales, lo que supone el 7,6% del mismo. También forma parte de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo.

Una finca con múltiples recursos

La Almoraima siempre ha sido una finca rentable; sus múltiples recursos ecológicos y económicos han supuesto tradicionalmente la principal fuente de empleo para el municipio de Castellar, del que ocupa el 80% de su superficie. Extensos alcornocales y quejigales, bosques, galerías, embalses, lajas… en los que habitan ciervos, corzos y jabalíes, a los que se han unido, por razones cinegéticas, gamos, muflones y cabras montesas. El corcho, la ganadería extensiva, la caza y la agricultura en la vega del Guadarranque son los principales recursos económicos.

El turismo es otra de sus fuentes de ingreso, con el hotel El Convento, ubicado en un antiguo convento de la orden de la Merced, construido en el siglo XVII. En medio de la finca, y dominando sobre el embalse de Guadarranque, se yergue el Castillo Fortaleza de Castellar de la Frontera, o Pueblo Viejo de Castellar, fortaleza del siglo XIII de origen almohade que formó parte del sistema defensivo del reino nazarí. Su arquitectura medieval sigue intacta, y ha sido recientemente restaurado para albergar alojamientos turísticos y como base para artistas de toda índole.

Con la crisis y la entrada de la polémica Isabel Ugalde (copropietaria de otro latifundio en este mismo Parque Natural y exdiputada del PP) en la gerencia de la empresa La Almoraima S.A. –gestora de esta finca y dependiente del Organismo Autónomo de Parques Nacionales–, este latifundio entra en números rojos y la pésima situación ecológica y forestal en la que se encontraba no cesa de aumentar cada día que pasa. Solución: venderla al mejor postor, sin importar su valor ecológico, su importancia social para la zona, o su emplazamiento en un parque natural.

Un proyecto especulativo para animar la venta

El entonces ministro Miguel Arias Cañete pretendía obtener así 300 millones de euros, para lo que trama, con la susodicha Ugalde, un plan para revalorizar la finca añadiendo un proyecto especulativo, con campo de golf, hoteles, urbanización de lujo, aeródromo privado…

Ese intento de privatizar la mayor finca forestal de Andalucía ha provocado una fuerte contestación política y social. El Ayuntamiento denegó el proyecto urbanístico, lo que supuso un duro mazazo a la pretensión de vender la finca a inversores extranjeros. La Junta, tras un primer momento de indecisión, optó por oponerse a esta privatización y ha iniciado el proceso de ampliación del Parque Natural para incluir la totalidad de La Almoraima, incluidas las zonas donde pretendían ubicar las actividades especulativas. Así y todo, tanto Arias Cañete como Ugalde han declarado que la venta de la finca es irrenunciable.

En enero pasado, Ecologistas en Acción remitió una propuesta a la presidenta de la Junta de Andalucía que imposibilitaría legalmente su privatización: la declaración de La Almoraima como monte de dominio público. Según lo previsto en el artículo 21 de la Ley 2/1992 Forestal de Andalucía, la declaración de un monte propiedad de una administración pública como de dominio público, y su inscripción en el correspondiente Catálogo de Montes de Andalucía, conllevaría su carácter inalienable, imprescriptible e inembargable y la consideración a efectos urbanísticos como suelo no urbanizable de especial protección. Esta declaración es competencia del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Ni la presidenta ni la consejera de Medio Ambiente han contestado a este escrito, pero han realizado declaraciones públicas asegurando que estudiarían la viabilidad jurídica de la propuesta.

Posiciones impresentables

El 5 de febrero se celebró una reunión de la Junta Rectora del Parque Natural Los Alcornocales, que generó una enorme expectación. El debate no tuvo desperdicio. La mayoría de los miembros de este órgano de participación apoyaron nuestra propuesta, si bien los representantes de la Junta de Andalucía se mostraron remisos, escudándose en que todavía no disponían de informes jurídicos (muy lentos deben ser sus gabinetes jurídicos). La oposición de los representantes de los empresarios fue total, pero más impresentable fue la reacción de la gerente de La Almoraima, que lanzó un alegato contra los parques naturales asegurando que generan depresión y paro, y aseguró que el hecho de que Andalucía tenga la mayor tasa de paro del país es porque tiene la mayor superficie de espacios naturales protegidos.

Los representantes de Ecologistas en Acción le contestamos defendiendo los espacios naturales, y recordándole a la Sra. Ugalde y a los representantes de los empresarios que la duplicación del paro desde 2007 no se debe a un aumento de los espacios naturales, sino al estallido de la burbuja inmobiliaria, el modelo que pretenden instaurar ahora en La Almoraima. También le recriminamos el que una persona que tiene un cargo de responsabilidad en el organismo de Parques Nacionales y cobra de él (80.000 €/año y hotel de lujo gratis) suelte esas diatribas contra los espacios naturales. Su contestación fue insólita: aseguró que estaba allí como empresaria, no como responsable de La Almoraima. Más allá de esta polémica, el acuerdo final, aprobado por amplia mayoría, fue instar la Junta de Andalucía a estudiar la viabilidad de declarar La Almoraima como monte público y evitar así su privatización.

A tenor de estos hechos, Ecologistas en Acción solicitó al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la destitución de la gerente de La Almoraima, pues consideramos que no es tolerable que una alta directiva del organismo de Parques Nacionales realice declaraciones en las que intenta desprestigiar los espacios naturales y la gestión pública de esta finca forestal, porque esta ha comenzado a tener pérdidas –que superan ya el millón de euros anuales, coincidiendo con la era de Ugalde como gestora– y porque incurre en un conflicto de intereses escandaloso. Y el ministro Arias Cañete se fue a Europa sin contestarnos, no sin antes haber dejado declaraciones dignas de la antología de los disparates, como que: “Las fincas privadas estas están a años luz de las públicas. Mejor cuidadas, con los montes limpios y perfectamente preparados para la explotación de corcho y la cinegética”.

Aunque la Junta sigue con su mutismo (el gabinete jurídico debe seguir deliberando), cada vez estamos más cerca de impedir que La Almoraima se privatice. Pero ese paso, aunque importante, no es la solución definitiva. La Almoraima debe dejar de gestionarse como si de una finca privada se tratara, transfiriéndose a la Junta de Andalucía para incorporarse al catálogo de montes públicos del Parque Natural. La gestión debe dar un giro drástico, permitiendo aunar conservación, rentabilidad social y rentabilidad económica, optimizando el aprovechamiento de sus ingentes recursos y reinvirtiendo sus beneficios en la mejora ecológica del Parque Natural. La Almoraima tiene que ser una finca pública modélica al servicio del desarrollo socioeconómico de los pueblos donde se encuentra enclavada.