El austericidio sobre las mujeres

Muros políticos para un desarrollo equitativo y global.

Silvia M. Pérez y Sergio Rojo, de la Plataforma 2015 y más. Revista El Ecologista nº 81.

La nueva oleada de recortes, que cada vez distingue menos entre países empobrecidos o ‘desarrollados’, está provocando un tremendo aumento de la desigualdad, y en especial está exacerbando las diferencias de género. A menudo, las mujeres llevan la peor parte de unas políticas muy injustas con la mayor parte de la población.

Desde el comienzo de la actual crisis financiera en 2007-2008 hasta principios de 2013, se calcula que las llamadas políticas de austeridad han afectado aproximadamente a 5.800 millones de personas (el 80% de la población mundial) [1]. Dichas políticas, a pesar de su novedad discursiva (la austeridad de la gestión pública como mal menor en el camino hacia el “progreso global”) no son más que una continuación de los ajustes estructurales que comenzaron a finales de los setenta para controlar la deflación mediante la flexibilización laboral, la reducción del déficit público y la liberalización de los mercados, inspiradas en un modelo de desarrollo global basado en la inequidad y promotor de desigualdades.

A pesar de los avances (al menos teóricos, retóricos o incluso legislativos) logrados en las últimas décadas en términos de desarrollo humano y sostenible y en materia de igualdad de género, lo cierto es que la nueva oleada de recortes, que en los últimos años también se impone en los llamados países “desarrollados”, evidencian la expansión geográfica de la desigualdad, explicitan la ruptura de la dicotomía Norte-Sur y, al fin y al cabo, muestran el dominio de un modelo de desarrollo centrado en el crecimiento macroeconómico, que beneficia a una minoría y afecta a las grandes mayorías, aumentando las brechas de desigualdad, también la de género.

Según destaca Lina Gálvez [1] estas políticas de austeridad, que se están poniendo en práctica en casi todo los países del mundo, se pueden ordenar en siete grandes grupos: las que tienen que ver con la eliminación o reducción de los subsidios; los recortes salariales y disminución de los puestos de trabajo; la racionalización de los sistemas de cobertura social; la reforma en los sistemas de pensiones; las reformas de los sistemas sanitarios; las reformas laborales encaminadas a la flexibilización y la creación de empleo, o las encaminadas al aumento de los ingresos de las arcas públicas (como por ejemplo el incremento del IVA).

En España habría que sumar otras reformas como la del sistema educativo, la reforma del sistema judicial, la reforma de la Ley del Aborto, la reforma para la racionalización de la administración local y la Ley de la Dependencia, el desmantelamiento y reforma de la política de cooperación al desarrollo, o las reducciones presupuestarias directamente vinculadas con la Ley de Igualdad. Un amplio abanico de políticas que bajo el paraguas de la austeridad impactan directamente sobre amplios grupos de población –precisamente los más vulnerables- y que incrementan las brechas sociales y la desigualdad entre hombres y mujeres.

El doble castigo de las políticas de austeridad para las mujeres

Reformas como la Ley de Atención a la Dependencia, la reforma educativa, la sanitaria o la eliminación de los apoyos sociales terminan por afectar la carga laboral de las mujeres y a revitalizar los roles de género debido a la derivación de los cuidados que antes eran cubiertos o apoyados por el Estado o por las entidades públicas locales hacia las familias. La precarización laboral, los despidos y el desempleo afectan en mayor medida a las mujeres, contribuyendo así a aumentar y a reproducir la desigualdad estructural de género.

Así lo refleja el I Informe sobre los efectos de la crisis económica en la igualdad entre hombres y mujeres y en los derechos de la mujer, elaborado por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo [2]. En su presentación, Elisabeth Morin-Chartier, presidenta de dicha comisión denunciaba: “Las mujeres se enfrentan a una crisis silenciosa que ha empeorado notablemente sus condiciones de vida. Antes de que comenzara esta crisis económica ya había una tasa importante de desempleo femenino, y eran en su mayoría las mujeres quienes ostentaban contratos precarios, a tiempo parcial y con bajos salarios”, algo que se ha agudizado con las medidas de austeridad.

El Informe Sombra CEDAW España (Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer de la ONU) [3], elaborado y suscrito por más de 180 organizaciones sociales y feministas españolas, hace hincapié precisamente en cómo las políticas de austeridad han impactado sobre la brecha de género en España. El informe evidencia también el importante recorte de partidas públicas que han sufrido las políticas e instituciones dedicadas a la igualdad de género, además del impulso, en los últimos años de medidas que van contra los derechos de las mujeres. Así, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por ejemplo, ha reducido en un 24% la partida presupuestaria que se destina a políticas de igualdad, casi el triple del resto de ministerios que se sitúa en el 8,9% de media.

La igualdad como retórica en las instituciones internacionales

Paradójicamente, en los foros internacionales, los y las representantes españolas siguen defendiendo –discursivamente– su apuesta por la igualdad. “La reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres es una de las prioridades de la acción política interior y exterior del Gobierno”, afirmaba la ministra Ana Mato ante la 58ª Comisión para la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas el pasado mes de marzo [4], a lo que añadía que “la política de cooperación internacional que promueve el Gobierno se ha convertido en un referente para las políticas de desarrollo y en los temas de género”.

Precisamente, las políticas de acción exterior y, en concreto, las políticas dedicadas al desarrollo evidencian de nuevo la falta de compromiso del Ejecutivo con la equidad de género y con el desarrollo humano y sostenible [5]. Tal y como se pone en evidencia en la investigación impulsada por la Plataforma 2015 y más, Coherencia de políticas y género. Un análisis feminista de la promoción del desarrollo internacional, el Gobierno maneja discursos contradictorios en los foros comerciales y en los foros internacionales dedicados al desarrollo [6]. Las decisiones políticas del ejecutivo evidencian la evaporación de la igualdad de género al pasar del discurso a la realidad.

Así, por ejemplo, pese al declarado compromiso del presidente del Gobierno con los objetivos de ONU Mujeres, en diciembre de 2012 se cerró la oficina de dicho organismo en España. Se ha reducido sustancialmente el presupuesto dedicado a los programas de salud sexual y reproductiva en las políticas de cooperación y se impulsan iniciativas de leyes, como la Ley del Aborto, que van en contradicción con los compromisos internacionales de España en materia de equidad de género. La acción exterior del ejecutivo de Mariano Rajoy dedica sus esfuerzos a iniciativas como la de Marca España, que pretenden promover la internacionalización de la empresa española, sin tener en cuenta los impactos que esta internacionalización tiene sobre los derechos humanos y, específicamente, sobre las mujeres [7].

En múltiples geografías, y a escala interméstica (internacional y doméstica), las políticas de austeridad reproducen y aumentan las estructuras de desigualdad. Las propuestas, las alternativas y las luchas han de partir de esta realidad interdependiente que exige de políticas coherentes con un desarrollo humano, sostenible y asentado sobre la equidad.

Ecofeminismo, desigualdad y cuidados. Redacción

El poder político considera que el cuidado de los cuerpos vulnerables no es responsabilidad de la economía ni de la sociedad. Se desentiende de él y lo relega al espacio doméstico. Allí, fuera de la mirada pública, las mujeres, mayoritariamente, se ven obligadas a asumir esas funciones, no porque estén mejor dotadas genéticamente para realizarlas, sino porque es el rol que el patriarcado les asigna en la división sexual del trabajo.

En las sociedades capitalistas, la explotación del trabajo oculto de las mujeres y la explotación de la naturaleza son esenciales para producir las propias condiciones de producción. El trabajo bajo la lógica capitalista solo puede ser productivo, en el sentido de producir excedente, mientras pueda obtener, extraer, explotar y apropiarse trabajo empleado en producir vida o subsistencia.

Desde un punto de vista ecofeminista, es la sociedad en su conjunto quien se tiene que responsabilizar del cuidado de las personas. Los recortes en servicios públicos o dependencia vuelven a encerrar dentro del entorno doméstico el bienestar de las personas e intentan cargar a las mujeres con una responsabilidad que no les corresponde asumir en solitario.