El silvestrismo, una práctica cinegética ilegal e insostenible

Ecologistas en Acción de Andalucía presenta un informe ante la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, advirtiéndole de las irregularidades legales en las que incurre al autorizar cada año la caza de más de cien mil aves protegidas.

Mientras que en la mayoría de los estados europeos este tipo de caza está totalmente prohibido, la Junta de Andalucía lleva más de veinte años autorizándola. Sólo en el año 2013 fueron capturadas y extraídas del medio natural, incluso en época de cría y en espacios naturales protegidos, 144.139 de estas aves y se provocó la muerte de miles de ellas, 39.284 en los últimos tres años, con un total desprecio, no sólo por las normas, sino también por los esfuerzos de otros países por proteger este patrimonio natural común. Además, las autorizaciones de la Junta de Andalucía se realizan por vía de resolución interna, sin publicidad oficial y de espaldas a las exigencias de transparencia y publicidad que exige la Ley 42/2007.

Desde Ecologistas en Acción se considera - y así se le ha hecho saber a la Administración andaluza - que dicha actividad entra seriamente en conflicto con la legislación en materia de conservación de aves, puesto que para autorizar estas capturas es necesario cumplir, una serie de requisitos que la Junta de Andalucía desprecia abiertamente. El silvestrismo, que sólo puede autorizarse de forma excepcional, y cuyo objeto es la tenencia de aves en cautividad para su adiestramiento y participación en concursos de canto, exige, entre otros, los siguientes requisitos:

- que sea una explotación prudente y esté relacionada con pequeñas cantidades,

- que se realice bajo condiciones estrictamente controladas y de modo selectivo,

- y que no haya otra forma satisfactoria para continuar con la actividad que la
de extraer las aves de la naturaleza.

Sin embargo, no se puede considerar prudente ni excepcional una resolución que da pie a que 13.645 silvestristas practiquen esta caza, admitiendo la propia Consejería de Medio Ambiente en los últimos tres años la escandalosa cifra de más de 460.000 aves capturadas, con 71.662 bajas, la mitad de ellas por muerte, en un grupo de aves consideradas protegidas y que además manifiestan un muy acusado descenso en sus poblaciones, según ha reconocido la Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife).

Por otro lado, la Consejería no puede garantizar el estricto control que se exige a la actividad, en cuanto no depende de ella, puesto que ha delegado la mayor parte de dicho control en la Federación Andaluza de Caza y en los propios silvestristas que son, sorprendentemente, los beneficiarios de las excepciones. Y lo que es más escandaloso, no sólo les ha cedido el control de su propia actividad, sino que además les permite gestionar sus propios cupos de captura, con una falta de rigor tan evidente que incluso a muchas sociedades se les ha autorizado la captura de más aves de las que tenían solicitadas.

Durante las jornadas de captura la Junta de Andalucía tampoco dispone de los medios materiales ni humanos para realizar la estricta vigilancia de la actividad según exige la norma, ya que se son 13.645 silvestristas, 10.000 los parajes de captura y 259.255 las jornadas anuales autorizadas, cantidades que superan con mucho cualquier posibilidad de control. Además, el método de captura usado, la red, es masivo y no selectivo, estando, como tal, prohibido expresamente por toda la normativa aplicable, máxime cuando no se garantiza, como es el caso, su estricto control.

Ecologistas en Acción no puede entender el empecinamiento por mantener año tras año esta actividad y advierte a la Junta de Andalucía de que, conociendo cada uno de estos requisitos y los datos que ponen de manifiesto las irregularidades y los abusos que se están cometiendo, se hace responsable y cómplice de unos hechos que pueden ser considerados como delictivos, atentando de forma deliberada y continuada contra la fauna silvestre e incurriendo en un presunto delito de prevaricación.