La Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE), SEO/BirdLife, WWF, Ecologistas en Acción, Greenpeace y Amigos de la Tierra han pedido la intervención de la Convención Ramsar para evitar que la implantación del Plan Hidrológico del Ebro perjudique los ecosistemas de su Delta.

Los responsables de las entidades ambientales han consensuado y firmado una carta y un informe técnico con la Plataforma, dirigidos al secretariado europeo de esta convención mundial cuyo objetivo es la preservación de la biodiversidad y los servicios que los humedales de todo el planeta ofrecen a sus habitantes, y que compromete a España como país firmante de la convención desde 1982.

En la carta se advierte de los peligros que conlleva este plan hidrológico aprobado por el Gobierno de España, en concreto de la disminución de caudales de agua y previsible deterioro de su calidad debido al aumento desmesurado de regadíos en la cuenca, y de la retención de sedimentos en las numerosas presas e infraestructuras hidráulicas, tanto existentes como nuevas previstas por el Plan.

Se solicita en la carta que Ramsar pida información técnica al gobierno sobre los impactos previsibles del Plan Hidrológico del Ebro sobre los ecosistemas fluviales y deltáicos, además de que pida información científica sobre las necesidades de régimen de caudales y de aportación de sedimentos que garantizarían un buen estado del humedal.

También se solicita una Misión Ramsar de asesoramiento que analice de forma independiente y pueda emitir el informe técnico pertinente, sobre las amenazas creadas por la política hidráulica del gobierno sobre el sitio Ramsar Delta de Ebro.

Las ONG ambientales han ofrecido todo su apoyo e información científica sobre el importante patrimonio natural de este gran humedal Mediterráneo, que acoge numerosos hábitats naturales de interés prioritario y centenares de miles de aves acuáticas entre otros valores naturales, sociales y económicos que deben transmitirse a las generaciones futuras.

Como ya se comunicó, el Tribunal Supremo ha aceptado el recurso contencioso administrativo que presentó la PDE contra el Plan y se está preparando una queja a la Comisión Europea.