Agresiones ambientales al territorio

Si nos detenemos a analizar los diferentes proyectos que sobrevuelan amenazantes sobre nuestras cabezas (y bajo nuestros pies), vemos, por ejemplo, como el caso paradigmático del Fracking ilustra a la perfección el título del debate “Agresiones ambientales en el territorio”. Con la excusa del interés general, esta relativamente nueva técnica de extracción de gas no convencional permite explotar yacimientos hasta hace poco inviables.

Ante la creciente demanda energética y el alto poder especulativo que atesora el actual modelo energético, nuestros gobiernos, en lugar de apostar por un cambio de modelo, continúan incidiendo en los hidrocarburos fósiles altamente perniciosos para el medio, a la vez que penalizan y ponen freno al desarrollo de energías renovables, mucho más sostenibles y perfectamente eficientes. En el caso de la fractura hidráulica o “fracking”, su aplicación comporta múltiples riesgos. Durante la perforación, además de los riesgos habituales de todo sondeo de hidrocarburos, se unen los específicos de los sondeos desviados como por ejemplo los riesgos de explosión, escapes de gas, escapes de ácido sulfhídrico (muy tóxico en bajas concentraciones), y escombros de la formación sobre la cañería de perforación.

También existe un alto riesgo de contaminación de agua, puesto que al fracturar el subsuelo, existe la posibilidad deque una de las fracturas inducidas llegue al acuífero, contaminando el agua con los fluidos de fracturación y con el propio gas de la formación.El riesgo químico de los aditivos empleados en la perforación, la contaminación del aire por compuestos químicos volátiles, la posibilidad de terremotos - constatados en aquellas zonas donde el desarrollo del fracking está más avanzado - o la contribución a aumentar el efecto invernadero del metano, gas mayoritario en este tipo de explotaciones, son otros de los riesgos que comporta la aplicación de este tipo de técnica. Además existe un problema añadido: la gran ocupación de terreno de este tipo de explotación.

El objetivo de llevar adelante este tipo de proyectos no es otro que beneficiar las empresas concesionarias, que serán las que pondrán el gas en el mercado al precio que estimen oportuno.Otro caso ejemplar es el de las prospecciones y explotaciones petroleras proyectadas en nuestras costas.

Este proyecto, que prevé extraer una cantidad “anecdótica” de petróleo, pretende buscar crudo bajo una columna de agua similar a la del accidentado pozo Macondo que explotó en el golfo de México, causando la muerte de 11 personas y dando lugar al desastre ambiental más grande de EE.UU.

Numerosos estudios científicos han demostrado que las aguas del golfo de Valencia, albergan una enorme biodiversidad, conservando unos valores naturales únicos que se verían afectados negativamente por este proyecto de exploración para buscar hidrocarburos y su posterior extracción. Entre las zonas amenazadas por esta investigación se encuentran la Reserva Natural y Marina de las Islas Columbretes y las aguas que las circundan, reconocidas por la organización internacional para el estudio y protección de los mares OCEANA y por el Instituto Español de Oceanografía (IEO) cómo una de las zonas clave por la conservación de los ecosistemas de la Mediterránea Occidental.

Las zonas donde ahora se pretende prospectar incluyen áreas de influencia de espacios protegidos por la legislación tanto autonómica cómo estatal y europea incluidos en la Red Natura 2000. Del mismo modo afectará de pleno a la principal zona de tránsito y estancia de grandes cetáceos como por ejemplo el rorcual común, calderón común, zifios, delfines, así como tortugas marinas, todas especies amenazadas y protegidas. Las consecuencias de las prospecciones y extracción de hidrocarburos pueden acabar con las especies comerciales, base de la economía pesquera de buena parte de los pueblos costeros de las comarcas de Castellón. También se verán afectadas especies de aves marinas estrictamente protegidas al tratarse de un área de vital importancia para su alimentación. Además, estas prospecciones no solamente tendrán impacto en la costa valenciana, sino que influirán gravemente en las islas Baleares, especialmente Ibiza y Formentera. Del mismo modo es sabido que las actividades sobre las cuales se sustenta la economía del País Valenciano y la mayoría de sus ocupaciones, dependen drásticamente del buen uso y de la calidad de su territorio, sus costas y de su mar.

Otro ejemplo claro de agresión al medio ambiente que puede tener consecuencias dramáticas para las personas lo encontramos en el depósito para almacenaje de gas Castor, frente a las costas de Vinaròs. En este caso, la utilización de este almacén submarino de gas ha supuesto poner en riesgo a miles de personas de las poblaciones próximas de Cataluña y el País Valenciano, puesto que se autorizó su utilización a una gran multinacional, a pesar de todos los informes previos que cuestionaban la seguridad del proyecto. Los múltiplos terremotos que produjo esta instalación creada con finalidades especulativas (almacenar gas en grandes cantidades para venderlo cuando más beneficios reporto a la empresa propietaria) supusieron un enorme riesgo para la ciudadanía. Un claro ejemplo más que los riesgos los asume la población mientras que los beneficios se van a manos privadas.

Pero en nuestras comarcas todavía tenemos más. La empresa pública Red Eléctrica de España proyecta la ejecución de una línea de muy alta tensión (MATE) de doble circuito, con torres de más de 70 metros de altura posicionadas cada 400 metros, que atravesará toda la provincia de Castelló, desde Almassora en Morella, afectando un total 17 municipios. Este proyecto comporta unos elevados riesgos por la salud, el medio ambiente, el paisaje, la biodiversidad y el desarrollo sostenible de las comarcas del interior.

Las graves afecciones que este tipo de líneas provocan en la salud son muy alarmantes, tal como se señala en numerosos informes científicos, incluidos los elaborados por la OMS. Como ejemplo citaremos el aumento drástico de leucemia infantil. Tanto es así que muchos científicos aconsejan no habitar cerca de estas líneas.

Por otro lado, el trazado de esta línea se ha establecido sin tener en cuenta su impacto sobre los espacios de la Red Natura 2000, los espacios naturales protegidos o la biodiversidad, especialmente aves rapaces. El impacto sobre la flora también es significativo, dado que la línea MATE tiene que estar proveída de una franja desbrozada de 50 metros de ancho que elimina centenares de hectáreas y que, además, segmenta y fracciona el territorio. Esta eliminación sistemática de vegetación bajo las líneas de alta tensión provoca la proliferación de especies herbáceas, que, debido a la sequía, resultan altamente inflamables, incrementando el riesgo de incendios, agravado además por posibles averías en la línea.

Una vez más son los municipios del interior de Castellón los que tienen que cargar con este tipo de infraestructuras, que no aportarán ningún tipo de beneficio social ni económico, puesto que estas líneas están destinadas al transporte de excedentes de energía a larga distancia, para su posterior venta. Las zonas rurales del interior vuelven a ser discriminadas, teniendo que soportar un tipo de instalaciones que van a generar los recursos en otros espacios y que provocarán un fuerte impacto contra la salud, el medio ambiente y la economía local, afectando especialmente al turismo rural, base importante de la economía de estos municipios.

Todos estos son proyectos que llegan a nuestras tierras impuestos por aquellos que operan al margen de cualquier consideración que no sea su propio beneficio, las grandes compañías en este caso energéticas, con la connivencia y beneplácito de los sucesivos gobiernos.

Pero nuestras comarcas sufren todo tipo de agresiones medioambientales, incluso desde instancias mucho más próximas, como por ejemplo el mismo Gobierno Valenciano. Como ejemplo tenemos los proyectos de incineradoras en marcha. La opción de la incineración de residuos, presentada como “valorización energética” es una vía muy peligrosa, pues tiene fuertes impactos ambientales (se traslada la contaminación del suelo al aire), económicos (es la opción más cara) y sociales (alza polémicas y movilizaciones sociales, cuando la resolución de la grave problemática de los residuos necesita diálogo y consenso). Además esa opción desincentiva el reciclaje y la recuperación de las materias primeras de los residuos y no es una solución mágica que haga desaparecer la ingente cantidad de residuos que producimos, porque genera nuevos residuos (cenizas) que hay que gestionar como residuos peligrosos.

Vemos pues que los problemas que aquí se plantean son complejos pero relativamente sencillos en su solución. Por un lado hace falta una clara voluntad política para encaminarnos hacia un nuevo modelo energético. Sin duda, el estado español necesita solucionar la dependencia energética que lastra su balanza económica y energética. Entendemos que, en línea con las recomendaciones europeas e internacionales, la forma de solucionar este problema no implica aumentar la producción de recursos contaminantes y escasos como por ejemplo los hidrocarburos, sino que implica invertir en el mayor tesoro energético del estado español: la eficiencia, el ahorro energético y las energías renovables. Muchos estudios ya demuestran cómo estas fuentes de energía son más intensivas en puestos de trabajo que la industria de las energías convencionales. Y por otro lado hay que abrir el debate sobre todas aquellas cuestiones que afectan de forma importante a las personas para, con toda la información posible, decidir cómo queremos vivir. El derecho a decidir sobre nuestro territorio es fundamental en cuestiones energéticas, ambientales, de salud pública, etc. Las decisiones no tendrían que tomarse en función de los grandes beneficios que acumulan las grandes multinacionales, sino de las necesidades reales de las personas. Es nuestro territorio, el territorio de todos y todas el que está en juego. Es nuestra salud la que arriesgamos. Por eso la decisión final tendría que ser la del conjunto de la sociedad y no la de un consejo de administración al que, muy probablemente, pertenece algún viejo gobernante.

Plataforma Antifracking, Plataforma Anti-MAT de Vilafamés, Plataforma No a la Contaminació, Assemblea Ciutadana de Vinaròs, Plataforma Petroli No Columbretes Netes, Ecologistes en Acció del País Valencià.




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