Incumplimiento sentencia penal en la finca El Avispero

Cuatro años después, sigue sin cumplirse la sentencia penal que obligaba a la restauración del monte deforestado en la Finca El Avispero, en el ámbito de Doñana. Ecologistas en Acción denuncia públicamente la inactividad e irresponsabilidad de la Junta de Andalucía en el seguimiento y cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales contra delitos de ordenación del territorio.

La Sentencia 26/10 de la Audiencia Provincial de Huelva, dictada el 30 de Julio de 2010, condenaba a Manuel Martínez Cruz, Antonio Conejo Prieto y a Juan Márquez Soriano por delitos contra la ordenación del territorio, señalándose en la sentencia, entre otras cuestiones que “deberán desmantelar a su costa las balsas de riego y demoler o retirar las edificaciones construidas, devolviendo a su estado original el suelo afectado”. La sentencia indicaba también la obligación de que los mencionados titulares de la Finca El Avispero, situada en el ámbito del entorno de Doñana, indemnizasen a la Consejería de Medio Ambiente en la suma en que sean tasados los gastos de regeneración del terreno, partiendo de un informe pericial que los situaba en más de 587.000€.

Las primeras denuncias al respecto de Ecologistas en Acción son de los años 2006-2007, en que de forma brutal se produce un desmonte con maquinaria pesada de la finca forestal de El Avispero y con la connivencia de las autoridades responsables se produce la destrucción del bosque (pinos, alcornoques, matorral noble,...) y su cambio vertiginoso en suelo para cultivo agrícola intensivo con regadío. Aparecen también una enorme balsa de regadío y una serie de módulos prefabricados. Incluso se modifica el cauce natural del arroyo Avispero-los Carboneros, se destruyen laderas y sólo se dejan algunas hileras de árboles junto a la carretera y caminos públicos, con objeto de ocultar el destrozo realizado.

Ya han pasado 4 años desde que se emitió la citada sentencia por la Audiencia Provincial de Huelva, y dos desde que el Supremo la ratificó, y todavía no se ha ejecutado la misma. La macrobalsa ilegal de 2,2 hectáreas construida en suelo forestal sigue en pié y los empresarios agrícolas condenados continúan con la explotación agrícola del suelo forestal expoliado irregularmente en zona A (de máxima protección del Plan de ordenación del territorio del ámbito de Doñana, POTAD) Sólo se han retirado de la zona los módulos prefabricados que allí se instalaron, para los que tampoco tenían licencia.

Ecologistas en Acción se ha interesado ante la fiscalía de la audiencia por la situación, así como ante la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, administración responsable de exigir y valorar el cumplimiento de la sentencia sobre el terreno. El último escrito a la Delegada de Medio Ambiente al respecto es de Enero de este año sin haber recibido respuesta alguna, y mucho nos tememos que la continuas evasivas de dicha responsable de la Consejería en Huelva para evitar reunirse con Ecologistas en Acción tengan que ver con la imposibilidad de dar respuesta a temas como este. Lo cierto es que la dejación de funciones de la Delegación de Medio Ambiente en el cumplimiento de sus obligaciones permite la impunidad de los delincuentes ambientales y la permanencia de sus actividades en espacios tan frágiles como Doñana, lo que no resulta un buen indicador para el futuro del bosque y del medio ambiente en nuestra provincia.




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