Regulación de todos los caminos y vías pecuarias de Doñana

La regulación de la Raya Real y del camino de Moguer llega tarde aunque es más necesaria que nunca. La proliferación de vehículos a motor está reconocida como uno de los impactos más importantes a que está sometida el área protegida de Doñana, llegándose en la actualidad a niveles inaceptables en el caso de quads y motos. Sin embargo, la solución adoptada de regular únicamente tramos concretos de los caminos que atraviesan el espacio protegido derivará en el traslado del problema de la Raya Real a otros caminos, más frágiles incluso que el que se pretende proteger.

Para Ecologistas en Acción el problema no es ya la aplicación de una determinada legislación, la de vías pecuarias, que se debió aplicar hace muchos años, sino la necesidad de revertir el caos en el que se ha convertido esta zona de Doñana, lugar de ocio elegido por un sector de la sociedad de los municipios del parque y sus alrededores, donde la nueva clase media asume roles de “nuevos ricos” mediante el uso del todoterreno como elemento de ostentación que desbordan la capacidad de carga del espacio protegido.

Para Ecologistas en Acción el tránsito libre que se viene permitiendo en las Vías Pecuarias es ilegal y por tanto urge la aplicación inmediata de la ley, sin olvidar la aplicación del resto de legislación, Planes Rectores de los Parques entre otra, que permitiría una regulación de todos los caminos que transcurren por el espacio protegido.

Sólo así se conseguiría no trasladar el problema de la Raya Real al resto de caminos y actuar a tiempo para prevenir problemas futuros de saturación como el que actualmente se sufre en la Raya Real.

Ecologistas en Acción ha remitido a la Consejería de Medio Ambiente sus propuestas en las que se insiste en que la regulación propuesta parchea la solución ante la insostenibilidad manifiesta del uso que se viene realizando de los caminos de Doñana y donde se solicita que para garantizar que la regulación no traslada el problema a otros caminos hay que ampliar la regulación a todos los caminos del espacio protegido. Además es fundamental la implicación social en el proceso de regulación de forma que Hermandades y demás colectivos sociales, en un ejercicio de corresponsabilidad, asuman la necesidad de una regulación que permita desarrollar las actividades que han demostrado ser compatibles con la conservación de los ecosistemas.