Desde el 20 de octubre y durante una semana la Dirección General del Medio Ambiente fumigó con con medios aéreos 1.480 hectáreas de pinares en la Sierra Oeste y Navalcarnero. De esta forma ignoraron las peticiones de más de 2.500 ciudadanos, ayuntamientos, grupos ecologistas y científicos. Dos semanas más tarde la reacción ha sido contundente, 114 investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales y de las universidades Autónoma y Complutense de Madrid, han criticado con dureza la arbitrariedad y la falta de motivación de la administración y alertan sobre el daño ambiental de este tipo de prácticas.
A través de sendos escritos enviados a la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Medio Ambiente rechazan las fumigaciones con diflubenzurón, un insecticida no selectivo empleado para controlar una supuesta plaga de la procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa). A juicio de los firmantes estas actuaciones «se corresponden con un modelo de gestión desfasado, perjudicial para el medio ambiente y por lo tanto inadecuado».
En su escrito recalcan la incompatibilidad de la utilización de este producto con la conservación del medio ambiente ya que «se han probado efectos severos directos sobre un amplio espectro de invertebrados y organismos acuáticos». Consideran que antes de haber tomado esta solución deberían haberse valorado «rigurosamente sus repercusiones en el medio, teniendo en cuenta el conjunto de objetivos de conservación de los lugares donde se lleva a cabo la actuación». La situación es más grave teniendo en cuenta que los lugares elegidos para la fumigación son espacio protegido Red Natura.
Pero no solo cuestionan la actuación por razones ambientales, sino también por cuestiones técnicas. Así, ponen en duda que realmente exista ninguna «plaga» de procesionaria del pino, sino que muy posiblemente se esté ante «habituales fenómenos naturales de fluctuación poblacional» de esta especie.
Por último solicitan a los responsables del Ministerio de Medio Ambiente y de la Comunidad de Madrid que, en futuras situaciones como esta, «se comprometan a llevar a cabo procedimientos razonados, suficientemente documentados, con asesoramiento científico y técnico, basados en programas de seguimiento de las poblaciones, menos dañinos para el medio ambiente y más razonables y acordes a los objetivos que se persiguen».
Ante esta iniciativa, el Director General del Medio Ambiente, Ricardo Riquelme, el pasado lunes, en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea de Madrid, al responder a una pregunta del grupo parlamentario de Izquierda Unida dijo textualmente: «Me habla usted de la comunidad científica, ¿qué comunidad científica? ¿La que a usted le interesa? ¡Que se dirijan al Ministerio de Medio Ambiente!»
Los colectivos ecologistas madrileños que alertaron a principios de octubre sobre los planes de la Consejería de Medio Ambiente de fumigar 1480 hectáreas de pinares de la región -ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA y Sierra Oeste Desarrollo S.O.S.tenible- lamentan la actitud de desprecio de Riquelme, hacia la comunidad científica, reacción que sólo puede explicarse desde el desconocimiento, la irresponsabilidad y la arrogancia.
Por el contrario estas asociaciones resaltan la importancia de esta iniciativa porque evidencia la gravedad de la actuación realizada por la Comunidad de Madrid. En Madrid no se vivía una reacción tan contundente y numerosa, entre los científicos, desde el año 2006, cuando 114 investigadores, de diferentes centros y universidades, se opusieron al desdoblamiento ilegal de la carretera M-501 y pidieron a Esperanza Aguirre la desestimación del proyecto. La carretera M-501 atraviesa de este a oeste el mismo espacio protegido que ahora se ha fumigado. El desdoblamiento de esta carretera fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo en 2011, tras un recurso interpuesto por Ecologistas en Acción.
