Preocupación por la paralización del Plan del Litoral

Ecologistas en Acción considera muy preocupante la paralización del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado la ampliación del plazo de aprobación del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía (PPCL). Ecologistas en Acción consideró de forma positiva la tramitación de este Plan por considerar que, aunque tímidamente, abre las puertas a una política de protección del litoral andaluz, espacio de un enorme valor ecológico, paisajístico y socioeconómico, muy deteriorado por todo tipo de agresiones e impactos irreversibles sufridos por la especulación urbanística y la hipertrofia de infraestructuras. El Plan tendría que aprobarse como máximo el próximo mes de enero, pero la Junta de Andalucía ha aprobado la prolongación de este plazo seis meses más: es una dilación por completo injustificada.

Los argumentos para esta demora son que, ante la gran cantidad de alegaciones presentadas y la amplitud geográfica de la aplicación del Plan, no ha habido tiempo para resolverlas, lo que no deja de ser sintomático de la falta de cultura de participación ciudadana, ya que, por lo visto, esperaban que pocas entidades alegaran al Plan. El otro argumento, “la necesidad de ampliar las tareas de concertación que posibiliten alcanzar el grado de consenso adecuado sobre el contenido del Plan”, es pura falacia. Los/as máximos/as responsables de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio no han mantenido reunión alguna con los alegantes, por lo menos con las entidades ecologistas que hemos presentado alegaciones en defensa del interés general y demandando una protección efectiva de lo que queda de nuestro litoral sin arrasar. Lo que nos tememos es que estén manteniendo negociaciones con promotores urbanísticos y ayuntamientos que pretenden vaciar de contenido este Plan de Protección del Corredor Litoral. Incluso en la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía, el máximo órgano de participación de esta Consejería en materia de ordenación del territorio, la secretaria general, Nieves Masegosa, se negó a debatir las alegaciones al Plan e impidió que se votaran las propuestas de Ecologistas en Acción.

Hay que recordar que Ecologistas en Acción ha sido la entidad que más alegaciones ha presentado al Plan, 138 en total, incluyendo un detallado estudio de la situación del litoral en las cinco provincias costeras, y un conjunto de propuestas tendentes a garantizar que el plan alcance sus máximas posibilidades y cumpla todos sus objetivos, y que no quede en otro plan más sin eficacia real alguna. A pesar de nuestros reiterados requerimientos, no se nos ha contestado ni a una.

No resulta comprensible ni admisible que, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y tras el desastre a que nos están llevando los activos tóxicos de las entidades financieras, la Junta de Andalucía siga manteniendo y aprobando Planes de Ordenación del Territorio (POT) y Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) con millones de metros cuadrados de suelos recalificados para usos residenciales y/o turísticos. En Andalucía hay un stock de 130.000 viviendas sin vender y otras 224.178 vacías, por lo que no se entienden estas previsiones de miles de nuevas viviendas. Actualmente, los suelos urbanizables en la franja de los primeros 500 metros del litoral suponen una superficie de 90 millones de m2 y una capacidad, con los urbanos sin desarrollar, de 187.000 viviendas más a construir. El Plan sólo impediría construir 43.533 viviendas, pero permite 143.000 más, lo que es un manifiesto disparate desde los puntos de vista económico, social y ambiental, además de una contradicción inaceptable para un plan que se llama de protección. Al parecer, la Junta de Andalucía no se atreve a aprobar ni estas timoratas medidas

Ecologistas en Acción espera que la Junta no demore más la aprobación de este Plan, que incluya las alegaciones que garanticen una mayor protección de ese espacio vital para Andalucía, que no va a permitir urbanizar ni reclasificar más terrenos, y que inicie un proceso de desclasificación de activos tóxicos imposibles de desarrollar a no ser desde una perspectiva de pura especulación-corrupción. O sea, con más de lo mismo.