El Gobierno de Aragón incumple las obligaciones legales de información ambiental al suprimir, por recortes presupuestarios, la web de “aragonaire” que facilitaba, en tiempo real, datos sobre la calidad del aire.

En la sesión de control de las Cortes Aragonesas del pasado 7 de noviembre el Consejero del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Sr. Modesto Lobón, informó [1] públicamente que la supresión de la web www.aragonaire.es, que dejó de funcionar a principios del mes de agosto, se debió a la falta de autorización de la Unidad de Control de la Gestión Pública del expediente administrativo que debía renovar el contrato de servicio de la web, una manera artificiosa de decir que se trata de un recorte presupuestario más, recorte económico que fue reconocido tácitamente por el propio consejero a lo largo de su intervención ante las Cortes.

El gobierno es el primero que tiene que cumplir las leyes y la legislación vigente [2]
indica claramente la obligación legal de informar a la población, del modo más eficaz posible, sobre la calidad del aire que les toca respirar. La obligación legal de informar no admite excusa presupuestaria, especialmente cuando se trata de algo que afecta a la salud pública y que tiene un coste mínimo dentro de los presupuestos del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, que fueron de 767 millones de euros para al año 2014. Según el propio consejero el coste de la web de “aragonaire” ronda los 94.000 euros (no indica si son anuales o bianuales), cifra que unidos a los 208.000 euros que cuesta anualmente el mantenimiento de la Red Regional de Inmisión de Contaminantes Atmosféricos de Aragón (RRICAA) [3], es más que asumible y muestra que incluso es perfectamente factible ampliar una red que debería de contar con muchas más estaciones de control [4] de la contaminación para proteger la salud de los aragoneses.

Según los propios informes de la Unión Europea [5] se calcula que en España mueren prematuramente por la contaminación cerca de 27.000 personas al año y un número mucho mayor de personas enferman en diverso grado. Entre gastos sanitarios y otros daños provocados por la contaminación (en los ecosistemas, en la producción agrícola, etc.) se calcula [6] que la contaminación atmosférica genera unos costes anuales de al menos 16.839 millones de euros aunque, según las estimaciones realizadas, la cifra podría llegar cerca de los 46.000 millones. Por todo ello, si nos atenemos solo a los criterios económicos que parecen imperar en nuestro gobierno, el ínfimo gasto a realizar para mantener la red de control e información sobre la contaminación atmosférica está más que justificado.

Transcurridos ya 4 meses desde la supresión de la web resulta poco creíble la excusa administrativa cuando se sabía perfectamente, con mucha antelación, que el contrato finalizaba en el mes de julio. El Gobierno de Aragón dispone de un servicio web muy extenso, con personal técnico propio que podría perfectamente asumir el mantenimiento de la web sin necesidad de recurrir a empresas privadas, por ello la supresión de la web de “aragonaire”, la única web de un servicio público de la que se tiene constancia de su eliminación, unido a lo exiguo del supuesto ahorro, hacen sospechar de las reales intenciones que hay detrás de la anulación del servicio de información ambiental y por ello Ecologistas en Acción presentará una queja a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo por vulneración de la Directiva 2003/4/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información ambiental.

Notas

[1] El consejero Sr. Lobón respondió a la pregunta efectuada por el diputado Sr. Miguel Aso, de Izquierda Unida, relativa al cese de la web de “aragonaire” (enlace video: http://media.cortesaragon.es/seneca_wsx?id=oai:seneca:comentarios/1490025)

[2] – Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). Esta ley desarrolla determinados derechos y obligaciones reconocidos en el Convenio de Aarhus, Dinamarca, el 25 de junio de 1998.
- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
- Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón.

[3] La Red Regional de Inmisión de Contaminantes Atmosféricos de Aragón (RRICAA) consta de seis estaciones de control de la contaminación atmosférica, Estas estaciones están en Alagón, Bujaraloz, Huesca, Monzón, Teruel y Torrelisa (en los Pirineos, cerca de Aínsa).

[4] Véase “Control deficiente de la contaminación en Aragón”: https://www.ecologistasenaccion.org/article26752.html

[6] Datos tomados del informe de la Fundación Mapfre y del Observatorio de la Sostenibilidad en España “Salud y Sostenibilidad: Efectos de la calidad del aire urbano”: http://www.mapfre.es/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1076481