El Defensor del Pueblo Andaluz ya recomendó en noviembre de 2009 a la Junta de Andalucía la revisión de oficio de ese Plan Global de Aguas por esas omisiones legales.
Tras la sentencia que anula el Plan Global de Gestión de Aguas de la Mina cobre Las Cruces, la CHG podría alegar que tras la asunción de competencias por su parte ya autorizó un nuevo Plan que da cobertura a la actividad minera, pero no es así, la sentencia no sólo afirma la ilegalidad de la norma en función de que la Agencia Andaluza del Agua no era competente y por tanto la Confederación cubriría con una nueva autorización el vacío legal generado, sino que plantea que hay que valorar la procedencia de 5 cuestiones que no se han realizado, entrando en el fondo de la cuestión más allá de cuestiones meramente competenciales.
Por tanto, antes de que la autorización sea válida la CHG está obligada a pronunciarse en aspecto tan esenciales como estos: si la reinyección autorizada se trata de un vertido, si hay que evaluar ambientalmente la modificación solicitada, tramitar una nueva concesión de aguas, realizar un informe de compatibilidad con el Plan Hidrológico del Guadalquivir y realizar una nueva Autorización Ambiental Integral de la Planta Hidrometalúrgica del complejo minero. Aspectos de tal envergadura que vienen a corroborar que lo que pretendía la mina es un proyecto totalmente distinto del autorizado y que hubiera precisado una paralización de la actividad por incumplimiento manifiesto del proyecto autorizado hasta que este desaguisado no se hubiese resuelto tal como dicta la ley.
La mediación del defensor del Pueblo Andaluz está más que justificada ya que tiene constancia de los incumplimentos y vacios legales en que se han incurrido llegando a dictar en 2009 una resolución donde ya se recogía las exigencias que ahora confirma la sentencia.
Para colmo, la autorización de CHG de 2013 que pretendía salvaguardar la situación de ilegalidad del Plan Global asume totalmente el anterior de la Junta e incluye la reinyección de aguas procedentes de la EDAR de San Jerónimo en el acuífero, poniendo en grave riesgo la salud de la personas que beben de éste. Existen, entre otros, evidencias de contaminantes farmaceúticos, con conocidos efectos cancerígenos, malformadores y disruptores.
Por lo que hoy, 1 de diciembre, Ecologistas en Acción ha solicitado la mediación del Defensor del Pueblo Andaluz para que inste al Defensor del Pueblo Estatal a la revisión de oficio del Plan Global de gestión de aguas de la Mina Cobre Las Cruces otorgado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por no cumplir con la sentencia judicial y por incluir una recarga artificial que pone en grave riesgo la salud de las personas que se abastecen ahora o en el futuro del acuífero.
