Contra los privilegios a la caza

La Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha [1] considera un

menosprecio a todos los ciudadanos afectados por esta normativa que el

Gobierno de Cospedal no haya atendido las justas y razonadas

reivindicaciones que han suscrito cerca de 100.000 personas contra esta

norma tan retrógrada.

La Plataforma recuerda que el texto que va a las Cortes Regionales supone un
menoscabo evidente de los derechos de acceso al medio natural, de protección
animal y de la naturaleza y que supondrá un impacto negativo en las arcas
públicas y en otras actividades económicas, como el turismo rural.

Los procedimientos que pretende implementar la Ley serán, seguro, más ágiles
para los cazadores privilegiados, pero menos garantistas para el conjunto de
ciudadanos y para la protección del medio natural frente al impacto que la
actividad cinegética. El empecinamiento del Gobierno Regional se pagará con
la inseguridad en el tránsito en zonas públicas, la muerte de miles de
animales de especies protegidas y domésticas, los daños en espacios
protegidos y los perjuicios en actividades económicas sostenibles.

Algunos ejemplos de los impactos de la caza en Castilla-La Mancha y que esta
Ley profundizaría los estamos sufriendo ya. Ahí está el cierre de los
caminos públicos en Cabañeros para realizar monterías, la construcción de
nuevos vallados en cotos de caza, las ayudas a la caza intensiva y
comercial, la muerte de linces en trampas cinegéticas, el maltrato que
sufren los galgos y la persecución implacable de perros y gatos abandonados.

La Ley de Caza de Castilla-La Mancha es la más retrógrada de España y sólo
se entiende su tramitación desde la constatación de que el sector cinegético
más intensivista y comercial es el que ha dirigido la mano de la Consejería
de Agricultura y del Gobierno en su redacción. Así lo prueba el hecho de que
algunas voces moderadas del propio sector de la caza hayan criticado la Ley.

A pesar de todo, la Plataforma mantiene más viva que nunca su determinación
de combatir esta norma como ha hecho hasta ahora y, en ese sentido,
trasladará a las Cortes Regionales sus reivindicaciones.

De cara al trámite parlamentario se hará entrega a los responsables de los
grupos parlamentarios de PP y del PSOE del manifiesto de la Plataforma, así
como de las alegaciones presentadas y de las decenas de miles de firmas en
contra de la Ley.

Seguiremos intentando parar la Ley y, si ello no es posible, al menos que se
cambie en aspectos fundamentales.