El Consejo de Urbanismo informa favorablemente la Ciudad del Medio Ambiente

El 23 de diciembre, con los votos contrarios de ecologistas y sindicatos y las abstenciones de los Colegios Profesionales de Arquitectos, Abogados e Ingenieros Técnicos Industriales, el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León ha informado favorablemente el Proyecto Regional del Parque Empresarial del Medioambiente (PEMA) de Garray, en Soria; que en realidad es la pretensión de “legalización urbanística” de la Ciudad del Medio Ambiente que fue aprobada por Ley “ad hoc” de las Cortes de Castilla y León en el año 2007, anulada en diciembre de 2013 por sentencia del Tribunal Constitucional.

Este tramite en el Consejo debería haber servido, en teoría, para informar y proponer mejoras, para reconocer deficiencias e incluso para proponer la desestimación del proyecto en cuestión; recogiendo y haciendo efectivas las aportaciones de distintos órganos administrativos y sectores sociales representados en tal Consejo, como es el caso de Ecologistas en Acción. Todo ello, y como no puede ser de otra manera, anteponiendo criterios jurídicos, científicos y técnicos objetivos, a los meros intereses políticos, económicos y sociales de los allí presentes.

Decimos en teoría, porque la realidad es muy diferente. Este nuevo Proyecto Regional da validez a las deficiencias de Declaración de Impacto Ambiental del PEMA, en la cual se observaban descaradas anomalías. Por ejemplo sigue sin considerarse el informe negativo del Ministerio de Cultura por las afecciones paisajísticas a la ciudad de Numancia.

Este Consejo de Urbanismo vuelve a ser manipulado como una mera burocracia. Además la Junta de Castilla y León está utilizando sus potestades de elaboración de Decretos como un privilegio, respecto al resto de ciudadanos y promotores urbanísticos, para intentar "regularizar" una actuación que ha sido reconocida como ilegal por varias instancias judiciales. Una forma de actuar que no es compatible con los principios de justicia, democracia y transparencia de los que tanto alardea en estos meses la propia Junta de Castilla y León.

Ésta no es una afirmación que surja de la pasión un grupo ecologista o de una visión política diferente a la del Partido Popular. Tal posición la expresan también autoridades objetivas como es el Juez de la Audiencia Provincial de Soria en el auto de 3 de noviembre de 2014, que obliga a demoler la Cúpula de la Energía. En el argumento noveno, página 24 de Auto expone “....En efecto, ¿de qué sirve una declaración de ilegalidad o inconstitucionalidad si al día siguiente se inicia un procedimiento legislativo o reglamentario para dotar de legalidad lo que es ilegal? Si al final lo construido va a ser legalizado “a posteriori” no ajustando la obra a la legislación vigente (objetivo de un expediente de restauración de legalidad) sino creando nuevas normas que al final hagan que lo construido se mantenga pese a todo, resulta inútil cualquier control de legalidad llevado a cabo por los Tribunales sobre la actuación de las administraciones públicas...”.

El polígono industrial, las promesas de empleo, la innovación, o incluso la pretensión y falsa afirmación de que el PEMA “se justifica por ser la única iniciativa vinculada a la generación de empleo de alta cualificación en la provincia de Soria” que recoge el proyecto de Decreto son sólo excusas para justificar y lavar las garrafales y erróneas decisiones políticas, jurídicas y administrativas tomadas por la Junta de Castilla y León, a cuya cabeza ha estado siempre Juan Vicente Herrera. Decisiones arbitrarias que nos van a costar a todos los ciudadanos más de 100 millones de euros por la deplorable gestión de unos políticos incapaces.

Existen antecedentes de los resultados judiciales de argucias similares que deberían hacer recapacitar a la Junta de Catilla y León sobre su contumacia por especular con los espacios naturales de esta región. Aunque hay varios procesos judiciales con sentencias firmes en Castilla y León (La Ciudad del Golf de las Navas del Marques, Meseta Ski de Tordesillas , urbanizaciones y estación de esquí de San Glorio, Parque de Ocio de Arlanzón, etc.) queremos destacar el Proyecto de Interés Regional del complejo turístico Marina Isla de Valdecañas (Cáceres, Extremadura), cuyo periplo judicial ha acabado después de 7 años con una sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2014 que ordena la paralización y el derribo de lo ya construido, y desestima los argumentos de la Junta de Extremadura de que la demolición costaría 34 millones de Euros, y que es mejor para el medio ambiente mantenerlo como está. Cantinela que ahora repite la Junta de Castilla y León con lo que queda de la incostitucional Ciudad del Medio Ambiente.

Este trámite en el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio vendrá seguido de la aprobación del Decreto del PEMA por parte de la Junta de Castilla y León, y su publicación en el BOCyL. Tras lo cual Ecologistas en Acción y los ciudadanos debemos dedicar nuestro dinero y esfuerzos a invocar a los tribunales para que digan por escrito lo que es palmario: lo construido en la Ciudad del Medio Ambiente-PEMA, era, es y será ilegal, y está abocado a ser desmantelado, restaurando a su naturalidad el Soto de Garray.