Paralización cautelar de una carretera ilegal

El juzgado de lo Contencioso Administrativo de Salamanca, a instancia de Ecologistas en Acción de Salamanca, ha paralizado la obra de un camino que estaba llevando a cabo el ayuntamiento de Valero sin los proyectos y permisos necesarios en el paraje denominado “la curva del fraile”, perteneciente a la Sierra de Quilamas, enmarcada en la Red Natura y catalogada como como ZEPA (zona de protección para aves) y LIC (lugar de interés comunitario) y como Espacio Natural Protegido según legislación regional.

De los argumentos presentados por el ayuntamiento de Valero en la Vista Judicial, se deduce claramente que se está aprovechando fraudulentamente una subvención concedida por la Diputación para realizar una conducción de agua por motivos de sequía, y en su lugar construir un camino de 3 km de largo a orillas del río Quilama. De la información recabada por Ecologistas en Acción y SEO/Birdlife, el camino se estaría construyendo con el único fin de facilitar el acceso a vehículos hasta lo más intrincado del valle, probablemente con fines cinegético-recreativos.

Por otra parte, de la información obtenida se deduce que en Valero no hay problemas de conducción de agua, y mucho menos de sequía. Este municipio actualmente cuenta con tres captaciones de agua, dos en el mencionado río y una tercera en el arroyo de San Juan, en el paraje denominado “Las Viñuelas”. En ninguno de estos lugares existen problemas de conducción. Podrían darse problemas en los puntos de captación, que ocasionalmente son obstruidos por la violencia del agua, lo que, en tal caso, requeriría una modificación de estos, sin necesidad de intervenir en las tuberías que conducen el agua.

En cualquier caso, para intervenir tanto en la conducción como en los puntos de captación, no es necesaria la construcción de un camino de esta envergadura, dado que el acceso que actualmente existe es lo suficientemente amplio para maquinaria ligera. Esto, unido a la falta de información pública en el municipio respecto a la obra, y con el agravante de la no existencia de un proyecto de obra, refuerza aún más nuestro argumento referente a la “oscura” intención del ayuntamiento.

Una vez más nos encontramos con la desfachatez, cuando no complicidad, por parte de algunas administraciones públicas a la hora de gestionar y respetar el medio ambiente, viéndonos obligados a recurrir al juzgado -como casi siempre-, para intentar ordenar lo que algunos de nuestros gobernantes desordenan.