El 97 % no importa

La Comisión Europea hace oídos sordos a la opinión de la inmensa mayoría sobre los tribunales de arbitraje entre inversores y Estados, a pesar de que fue esa institución la que lanzó una consulta al respecto. A partir de ahora sólo pedirá asesoramiento a agentes “especializados”. Se trata de una burla a la población europea que refleja la falta de democracia y transparencia de los tratados de libre comercio como el TTIP, según Ecologistas en Acción.

El ISDS (por sus siglas en inglés) es un mecanismo de arbitraje presente en tratados de libre comercio que permite a grandes empresas inversoras extranjeras denunciar a un Estado ante un tribunal de arbitraje privado si considera que alguno de sus “derechos” ha sido vulnerado. Este mecanismo está contemplado en el tratado de libre comercio UE-Canadá (CETA), pendiente de aprobación en el Parlamento Europeo, y en las actuales negociaciones del Tratado Transatlántico de Libre Comercio entre la UE y Estados Unidos (TTIP).

La oposición ciudadana a estos mecanismos, que ponen en peligro la soberanía de los Estados, es creciente. Por ello, la Comisión Europea decidió lanzar el pasado verano una consulta pública al respecto.

Las preguntas de la consulta eran extremadamente técnicas, pero aun así se registró un récord de participación. Casi 150.000 personas respondieron y una inmensa mayoría, 97%, rechazó la inclusión del mecanismo de arbitraje ISDS en el TTIP y otros tratados comerciales.

Este martes se publicaron oficialmente los resultados de la Consulta Ciudadana sobre la Protección de las Inversiones. Continuarán las consultas, pero a partir de ahora sólo con agentes especializados. Y se reformarán los mecanismos de protección de las inversiones para que no supongan un límite al derecho a legislar, como ya se ha hecho en CETA, según anunció la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström.

Lo cierto es que los cambios anunciados no solucionarán el problema en absoluto. Tal y como ocurre en el caso de CETA, las multinacionales seguirán teniendo más derechos que las empresas locales o los ciudadanos y tres jueces privados, que obtienen un lucro sustancial durante el proceso, seguirán decidiendo qué políticas son correctas o incorrectas, desacreditando la soberanía nacional.

“Los resultados de la consulta demuestran que la ciudadanía se organizó para responder y demostró el enorme rechazo que generan esos tribunales de arbitraje, “, explica Luis Rico, de Ecologistas en Acción. “Ahora, la Comisión desoye estas voces, diciendo que continuarán las consultas sólo con agentes especializados. Esto supone una auténtica burla a la democracia”.

Las negociaciones del TTIP son un caballo de Troya para que las multinacionales tengan cada vez más poder a ambos lados del Atlántico frente a la soberanía de los Estados, los derechos laborales y sociales, la protección ambiental. Las maniobras para mantener los tribunales de arbitraje en el tratado lo demuestran.

La inclusión del mecanismo ISDS en el TTIP abriría las puertas a que empresas estadounidenses realizaran demandas como las llevadas a cabo contra Uruguay, donde una tabaquera denunció al Gobierno por la prohibición de fumar, o Egipto, donde otra multinacional recurrió al tribunal de arbitraje por la subida del salario mínimo obligatorio.




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