Registran escrito contra la Ley Mordaza

Diferentes colectivos cordobeses, entre los cuales se encuentra el Movimiento Antirrepresión y las Marchas de la Dignidad, registrarán el día 20 de enero, a las 10,30 horas un escrito en la Subdelegación del gobierno para trasladar al subdelegado la férrea determinación de los firmantes de defender los derechos fundamentales de reunión, expresión y manifestación que el gobierno pretende cercenar con la aprobación de las modificaciones legislativas conocidas como Ley Mordaza. Con posterioridad a la entrega del documento lxs portavoces de esta acción atenderán a los medios de comunicación en la puerta de la Subdelegación.

Esta es la acción con la que se abre la semana de lucha contra la Ley
Mordaza, semana que contará con un masivo reparto de hojas informativas,
la fijación de carteles alusivos al tema, una acción de amordazamiento de
esculturas de personajes cordobeses y una manifestación el sábado día 24
de enero.

La propuesta del Partido Popular de modificación de la Ley de Protección
de la Seguridad Ciudadana, aprobada en el Parlamento el pasado mes de
diciembre y que está pendiente de su aprobación en el Senado es la segunda
de las modificaciones legislativas que el gobierno está imponiendo
apoyándose en su mayoría parlamentaria. Ya ha sido aprobada la
modificación de la Ley de Seguridad Privada y están en trámite la
modificación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento criminal.

Este conjunto de modificaciones legislativas es lo que popularmente se
conoce como LEY MORDAZA, pues en todas ellas el gobierno popular está
incorporando normas que pretenden acallar las protestas ciudadanas
provocadas por las políticas de destrucción de derechos laborales,
sociales y sindicales y de privatización de servicios públicos para dar
entrada al capital en la gestión de servicios básicos como la sanidad, la
enseñanza o la gestión del agua en los municipios.

Alguna de las modificaciones de la Ley de Seguridad Ciudadana más
controvertidas son:

- Faltas que hasta ahora se incluían en el Código Penal, es decir, eran
sancionadas con intervención judicial pasan a ser castigadas con multas
administrativas, de manera que se reduce notablemente la garantía de
independencia en la resolución del expediente, pues el sistema
administrativo ofrece menos garantías que el judicial.

De esta forma, se limita el derecho constitucional a la tutela judicial
efectiva, porque la persona afectada tendrá primero que agotar la vía
administrativa y luego recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa que está sujeta al pago de tasas judiciales.

Esas tasas, establecidas por el actual Gobierno, no existen en la vía
penal y, por tanto, no se pagaban en los juicios de faltas que ahora se
convierten en sanciones administrativas.

- Se da mayor valor probatorio a las denuncias de los agentes de las
Fuerzas de Seguridad, pues las denuncias formuladas por los agentes
constituirán base suficiente para adoptar resoluciones.

- Se considerarán faltas leves las faltas de respeto y consideración hacia
los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

- Se criminaliza también la ocupacion de inmuebles o la permanencia en
ellos, así como la obstaculización de los desahucios. Estas normas van
claramente dirigidas contra las personas que ocupan viviendas vacías o que
se resisten a desalojar su propia vivienda desahuciada y contra las
personas que ocupan centros sociales o que incluso hagan uso de los mismos
participando en cualquiera de las actividades que éstos promuevan.

- Además, incluye conductas sancionables como las manifestaciones ante el
Congreso o las protestas con escaladas en edificios públicos, entre otros.