De nuevo, el medio ambiente es una cabeza de turco para justificar el déficit histórico empresarial en Extremadura y uno de los efectos de esta crisis, como es el cierre de empresas. Contentando así, a los instransigentes con el medio ambiente que todo lo ven como seprona y restricciones. En la línea del liberalismo globalizador seguido por la élite conservadora a nivel nacional, europeo y mundial. Y seguir dando carta blanca para destrozar, saquear y explotar al máximo el medio natural, poniendo en peligro la salud pública ambiental, todo vale.

Teniendo en cuenta que se deroga la Ley de Prevención y Calidad Ambiental Autonómica de 2010 que junto a su reglamento ya redujo exigencias ambientales. Que en estos últimos años se han creado y modificado varias leyes y decretos relacionados con la evaluación ambiental. Esta vuelta de tuerca no viene sino a confirmar lo que decimos, constantemente se está cambiando la normativa en los últimos años, y esto no da más seguridad ambiental ni favorece la creación de más empresas. La normativa ambiental proviene de europa y es la misma para todas las comunidades, siendo una excusa para decir que hay aquí no hay empresas y buscar un culpable, desviando la atención de la realidad.

Eliminar los procesos de información pública a la hora de realizar la tramitación de la Autorización Ambiental Unificada en el Diario Oficial de Extremadura, no hace sino disminuir la participación de la sociedad, ocultar información y crear problemas futuros para los ciudadanos de a pie. Se perjudican los procesos de participación pública, el derecho de la ciudadanía a saber que empresas se van a instalar en su territorio, y así poder opinar si se sienten perjudicados. No se puede hablar de transparencia política y fomentar la opacidad ambiental.

No hay tiempo material para emitir informes disminuyendo a la mitad los plazos. Y más cuando se reduce el personal técnico de oficina y los agentes del medio natural, cuyas plazas se van amortizando, no se sustituyen a los agentes que se jubilan o se dan de baja por enfermedad. Se les quita competencias y no se les da el caracter de autoridad ambiental suficiente.

Suprimir la «necesidad» de que en el expediente administrativo conste un informe de compatibilidad urbanística emitido por el Ayuntamiento del territorio, donde se pretendan ubicar las instalaciones, deja a los municipios indefensos ante empresas potencialmente contaminadoras, inmiscuyéndose en sus competencias. Esto sería un desmadre urbanístico, contradictorio con los planes de ordenación municipales y del territorio, en la línea de lo que está pasando con los chalets en el campo. Entonces, para que las construciones de polígonos industriales, si se van a poder ubicar las empresas donde les dé la gana.

La comunicación ambiental no tiene validez, ni seguridad de que se estén haciendo las cosas bien. El gobierno de Extremadura no tiene personal suficiente (ni quiere), tanto técnicos como agentes para tener un control e inspección suficiente que garantice que las cosas se hacen correctamente, y los Ayuntamientos ni mucho menos.

Los problemas futuros de la modificación de esta ley, los sufrirá la ciudadanía cuando les instalen empresas que causen molestias ambientales en sitios cercanos, tales como; contaminación, humos, olores, vertidos, trasiego de vehículos pesados, liberación de animales molestos… y no se les haya informado, ni hayan podido alegar en su momento.

Ecologistas en Acción de Extremadura