Contradicciones y ocultaciones del Gobierno sobre las obras en Cabañeros

La respuesta que ha dado el Ministerio de Agricultura al Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso sobre los expedientes y las autorizaciones dados a la familia Aznar-Oriol para las obras realizadas en su finca dentro del Parque Nacional de Cabañeros omite aspectos esenciales para aclarar el caso, aunque revela algunos datos que reflejan la ilegalidad y las irregularidades en la tramitación actuación.

Según los documentos hechos públicos por el Gobierno, la solicitud inicial del año 2010 de la empresa Inmobiliaria del Bullaque s.l., se refería sólo a trabajos de reformas menores de la vivienda principal de la familia Aznar-Oriol, consistentes en un arreglo de distintas instalaciones eléctricas, de fontanería o calefacción, así como la impermeabilización y arreglo de cubiertas para evitar goteras.

En ese momento ni se solicita, ni se autorizan, demoliciones, ampliaciones, ni ninguna otra actuación que suponga una reforma en profundidad de la casa tal y como se ha ejecutado.

El Gobierno no ofrece documentación alguna, a pesar de que al menos debía haber un informe técnico como en el caso de las obras de la casa, que haga referencia a la construcción de una nueva pista de acceso a través de la Cañada Real Segoviana.

Sorprendentemente el Gobierno central se desentiende de su intervención en la autorización, señalando que es competencia de la Junta y que ésta la emitió en el año 2014 tras una evaluación que, por cierto, nadie conoce.

El Gobierno evita incluir en su respuesta al PSOE que en el año 2012 se tramitó otra autorización, como informó en su día el propio Ministerio y la Junta de Castilla de Castilla-La Mancha, que fue aprobada en reunión del pleno de la Comisión Mixta del Parque Nacional. Es de suponer que sería en este nuevo expediente donde se incluiría la solicitud de demolición y ampliación de vivienda que se ha ejecutado.

Si no es así, y en 2012 no se autorizó la obra realmente hecha en la finca de Cabañeros, el Gobierno debiera haber iniciado los correspondientes trámites para sancionar y demoler lo ilegalmente construido.

Curiosamente al Patronato del Parque Nacional celebrado el 22 de diciembre pasado, a preguntas de los representantes de las ONG, el Organismo Autónomo de Parques Nacionales informó de que se había autorizado la ampliación de vivienda porque el borrador del Plan de Uso y Gestión permitiría aumentar lo construido.

Parece que en su incompleta respuesta al PSOE, el Gobierno quiera enmascarar un proceso plagado de irregularidades y que, a último, ha dañado paisajística y ambientalmente al Parque Nacional.

Con los datos de que ahora se disponen no cabe duda de que Gobierno y Junta no están siendo transparentes ni sinceros a la hora de explicar lo sucedido y que todavía queda mucho por aclarar en este turbio asunto.

Ecologistas en Acción pide al PSOE que dé traslado de la documentación que ha recibido a la Fiscalía Coordinadora de Urbanismo y Medio Ambiente que investiga el asunto. Ésta es la única institución en la que de momento se puede confiar para que se esclarezcan los hechos y se depuren responsabilidades.




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