Tapan la estatua del oso y el madroño

De firmarse el Tratado de Libre Comercio entre la UE y EE UU (TTIP, por sus siglas en inglés) los ayuntamientos y comunidades autónomas verían reducida drásticamente su capacidad de acción y decisión. Para visibilizar esta amenaza, activistas de la Campaña No al TTIP, en la que participa Ecologistas en Acción, han hecho desaparecer hoy la estatua del Oso y el Madroño, símbolo de la ciudad de Madrid. La acción coincide con la octava ronda de negociaciones del tratado.

Si entrara en vigor el TTIP, se liberalizarían los servicios públicos y la contratación pública. Cualquier intento de desprivatizarlos podría ser objeto de denuncia ante tribunales privados que permiten a las multinacionales desafiar políticas públicas. “No hay hueco para cambios si no paramos el Tratado”, avisan desde la campaña.

La acción coincide con la octava ronda de negociaciones, en Bruselas, entre la Unión Europea y EE UU. Las negociaciones pretenden avanzar en los mecanismos de “coherencia regulatoria”, con los que se acercarían las legislaciones a ambos lados del Atlántico. Parece, a todas luces, un intento de rebajar los derechos laborales, sociales y ambientales de la población.

Una reciente filtración apunta a las intenciones de la Comisión Europea de crear el Consejo de Cooperación Reguladora. Con este órgano se impulsarían procesos de toma de decisiones para "eliminar barreras" al comercio y las inversiones. Estos complejos procedimientos acomodarían legislativamente los intereses de las corporaciones por encima del interés público, amenazando la capacidad y el derecho de legislar a nivel nacional, regional o local. Los Ayuntamientos perderían, por tanto, capacidad de acción.

La Campaña No al TTIP también se ha desplazado a Bruselas donde se reúnen durante toda la semana cientos de activistas europeos, con el objetivo de coordinar las diferentes luchas en toda la UE. Ante las críticas levantadas desde las organizaciones de la sociedad civil y la falta de consenso entre los Estados miembros, se ha ralentizado la negociación de la polémica cláusula que incorporaría el mecanismo de solución de controversias entre inversor y Estado (ISDS) y que puede suponer la imposición por parte de tribunales privados internacionales de millonarias indemnizaciones a los Estados a favor de empresas extranjeras




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