Una depuradora de papel para depurar votos

Izada de Bandera negra en la playa urbana de Sanlúcar, 12.07.2014

En fechas recientes (19 y 29 de enero de 2015) el Ayuntamiento de Sanlúcar ha publicado 2 notas de prensa sobre el posible traslado de la depuradora de Sanlúcar. En ellas se indica que la Consejería de Medio Ambiente, va a invertir 500.000 euros en la redacción del proyecto de una nueva depuradora que sustituiría a la actual y se situaría en la Algaida. También, que el Ayuntamiento lleva trabajando en ello más de 3 años. Que el proyecto estará terminado en poco más de un año y que “ahora queda que el Estado disponga los fondos para su construcción cuanto antes” ya que al haber sido declarada como obra de interés general, es el estado central el que debe hacerla.

Las notas son una autoalabanza de la gestión sobre depuración, tanto del ayuntamiento como de la consejería, y una crítica al gobierno del PP.

En realidad esto es una tomadura de pelo. Lo único que habrá dentro de año y medio o dos será una depuradora sobre el papel y una empresa a la que le vamos a pagar generosamente medio millón de euros por hacer el proyecto de una “depuradora de papel”.

La depuradora de verdad podría valer 40 veces más, unos 20 millones de euros. No hay ningún presupuesto ni voluntad política para hacerla ni por parte del gobierno central ni por parte de la Junta de Andalucía. Por otra parte, que el ayuntamiento presuma de la buena gestión de la depuradora es, además de mentir, tomarnos a los ciudadanos por tontos. Algo parecido se puede decir de la Junta que ha acumulado un gran retraso en la construcción de depuradoras (desde 2001 es obligatorio que los municipios de más de 15.000 habitantes depuren todas sus aguas residuales y desde 2006 para los de más de 1.500 habitantes). En 2011 había más de 300 municipios sin depuración, muchas de las cuales siguen sin ser construidas a día de hoy.

El argumento de la Junta de Andalucía para afirmar que es el estado central el que tiene la obligación de hacer la nueva depuradora es que en ¡1993! se aprobaron (real decreto ley de 3 de febrero) una serie de medidas urgentes que incluían varias obras de saneamiento que fueron declaradas de interés general. Entre estas, estaban las obras de saneamiento del entorno de Doñana. Por entonces no había prácticamente ninguna depuradora en la comarca de Doñana y todas las aguas residuales se vertían a la inmediaciones del parque nacional, lo cual no era muy presentable. Se pretendía corregir con urgencia aquella situación. La depuradora actual se hizo dos años después en base a ese decreto y en gran parte con fondos europeos. ¿Se puede argumentar que esa normativa de medidas urgentes, se aplicaría 23 años después para hacer una segunda depuradora?.

Posteriormente, el plan hidrológico nacional y convenios específicos entre el estado central y la Junta han definido las actuaciones de interés general, entre las que no aparece la depuradora de Sanlúcar.

La Junta de Andalucía tiene en general las competencias para construir las depuradoras. De hecho, sí ha realizado las obras de adecuación y mejora de la depuradora actual (2,5 millones de euros, con una dudosa eficacia). Esa obra se llama ” adecuación de la EDAR de Sanlúcar y agrupación de vertidos y colectores en sus núcleos” El mayor de esos vertidos es el Arroyo del Salto del Grillo, vertido ilegal y contaminante a la playa de Bonanza. ¿Por qué no se ha corregido ese vertido cuando había un presupuesto para ello?. ¿En qué se ha gastado ese dinero?.