Rechazo a las explicaciones sobre el concurso minero



Ecologistas en Acción rechaza las inadmisibles manifestaciones de la Junta de Andalucía sobre el macroconcurso minero.

La Dirección General de Minas prohíbe el acceso previo a los informes jurídicos en los que se basa el Concurso.

El pasado lunes, a petición de la Directora General de Minas, D.ª Mª José Asensio, se reunieron miembros de Ecologistas en Acción con responsables del citado departamento a propósito de la convocatoria del concurso de derechos mineros abierto por el ejecutivo andaluz; el concurso afecta a un gran número de espacios naturales protegidos de Andalucía y ha sido impugnado por esta organización ecologista. Dichos responsables públicos mostraron su sorpresa por la reacción ecologista, pero más sorprendidos e incrédulos se mostraron éstos ante las explicaciones recibidas, como manifiesta uno de los asistentes: “parece que nos toman por tontos”.

Ecologistas en Acción rechaza y rebate las explicaciones hechas públicas en un comunicado por la D. G. de Minas. Para empezar es totalmente falso que exista ninguna obligación en la legislación minera de sacar a concurso los derechos caducados. Es cierto que un derecho caducado sólo se puede adjudicar por concurso, pero los responsables de minas callan capciosamente otras opciones legales como la calificación de “no registrables” para terrenos de interés público que, sin duda, es la opción más razonable para el caso de los derechos mineros situados en espacios naturales protegidos.

Lo que Ecologistas en Acción no aceptará en ningún caso es una nueva adjudicación de derechos mineros en espacios protegidos, y por ello interpondrá todos los recursos jurídicos que tiene a su alcance, incluyendo los recursos ante las autoridades europeas. Y ello a pesar de las sorprendentes palabras de los responsables de minas reconociendo que los permisos de investigación y las concesiones deberán cumplir la normativa ambiental que impide estas actuaciones en dichos espacios. Parece que las consignas de Susana Díaz, en su afán electoralista, también intentan tomar por tontos a los posibles licitadores al concurso, que podrían realizar una inversión investigadora totalmente inútil.

A menos que la estrategia escondida de la presidenta sea favorecer la especulación minera incrementando la presión para la desprotección ambiental de Andalucía, siguiendo el fracasado modelo de la especulación urbanística que tanto ha castigado los valores ambientales de la costa andaluza.

También rechaza Ecologistas en Acción, la ausencia de informes ambientales y la ausencia de participación pública en esta decisión con el argumento de que el concurso es “de naturaleza estrictamente administrativa” cuando todos los planes y programas públicos son administrativos y éste, además, adjudica derechos y fue consensuado con el sector minero, según manifestó la propia Susana Díaz.

El procedimiento que la Junta de Andalucía sigue es un ejercicio contrario a la trasparencia; se han negado a proporcionar los informes del Gabinete Jurídico que sustentan la convocatoria del concurso a pesar de que, en asuntos que puedan afectar al medio ambiente, las organizaciones ecologistas son legalmente parte interesada, se trate de una actuación material como una medida legal o administrativa.

Finalmente Ecologistas en Acción lamenta el silencio cómplice de los responsables de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que no se pronuncian ante una actuación con una significativa incidencia en la red de espacios protegidos andaluces y que compromete seriamente la gestión de estos espacios por parte de los funcionarios responsables de los mismos.