Conflictos de intereses y relaciones privilegiadas alimentan la Ley de Caza de Castilla-La Mancha

La publicación de una serie de datos que muestran los intereses directos que altos cargos de la Consejería de Agricultura relacionados con la redacción de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha tienen con la explotación de fincas cinegéticas arrojan una tenebrosa luz sobre esta iniciativa prioritaria del Gobierno Regional.

Mucho de lo que rodea la redacción y tramitación de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha huele a podrido y genera sospechas de tráfico de influencias y corrupción que deben ser objeto inmediato de explicación por parte del Gobierno Regional y de investigación a todos los niveles.

Según ha revelado eldiario.es/clm, tanto la actual coordinadora de los Servicios Periféricos de la Consejería de Agricultura en Ciudad Real, Dª Pilar Vargas, como el Jefe provincial de Montes y Espacios Naturales, D José María Toledano, y el hasta hace poco coordinador de los Servicios Periféricos de Agricultura en Toledo, D. Miguel Sáez, son propietarios o cotitulares de fincas de caza.

Los altos cargos en Ciudad Real resultan ser jefes directos del redactor de la Ley de Caza, D. Luis Basurto, y todos ellos tendrían relaciones privilegiadas con la dirección de Aproca y otras organizaciones cinegéticas, entidad con la que han compartido vecindad de cotos, festivales cinegéticos y, cabe preguntarse ahora, si algo más.

Tan directos intereses en la caza no han evitado que los coordinadores de los Servicios Periféricos y el Jefe provincial en Ciudad Real hayan sido los que dictaminen y decidan todo tipo de permisos, autorizaciones y regulaciones que les podían afectar directamente como titulares directos o indirectos de cotos o fincas. Por otra parte, ponen en cuestión los verdaderos motivos por los cuales se ha impulsado la polémica Ley.

No parece lógico, ni ético, que quienes tienen intereses personales tan directos en cotos de caza sean no ya los encargados de redactar una Ley que les afecta, sino que además estén al cargo de dirigir y gestionar la caza nada menos que a escala provincial.

La Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, en la que participa Ecologistas en Acción, encuentra en estas revelaciones una buena parte de la explicación al empecinamiento del Gobierno en sacar esta ley retrógrada adelante. Pero nos tememos que quedan otras muchas por descubrir.

Así, por ejemplo, nos preguntamos, ¿quién y por qué designó a estos altos cargos?, ¿por qué se consintió este evidente conflicto de intereses?, ¿se abrirá una investigación y se adoptarán la medidas oportunas por parte del Gobierno regional?, ¿por qué el Gobierno no ha actuado en casos de corrupción vinculados a la caza como el caso Estipendio o el caso Punica?.

Lo hoy conocido es un argumento de gravedad más para combatir una Ley que fomenta el enriquecimiento de unos privilegiados y que permite este tipo de comportamientos faltos de honestidad. Recordemos que en plazo de alegaciones ya se propuso la incorporación de una cláusula de incompatibilidad entre ejercer funciones de responsabilidad política o administrativa en materia de caza y disponer de licencia o cotos en Castilla-La Mancha. No es de extrañar que se rechazara, pues los encargados de preparar la respuesta a esa petición eran directamente afectados por la misma.

La Plataforma clama una vez más contra esta Ley y quienes la han promovido y exige transparencia y asunción de responsabilidades. Por ello el sábado se manifestará en la calle a pedir que se retire esta Ley hecha por unos pocos para unos pocos y en perjuicio del resto de los ciudadanos, el medio ambiente y el bienestar animal.