Los planes de la empresa canadiense BNK de llevar adelante doce sondeos exploratorios de hidrocarburos mediante la técnica de la fractura hidráulica en Burgos, se enfrentan a un amplio rechazo social, que choca con el apoyo institucional de los gobiernos central y autonómico. Ecologistas en Acción denuncia los argumentos empleados para defender un proyecto que solo busca provecho particular. Con el fracking no se producirían grandes beneficios económicos para la región ni se superaría la dependencia energética. La organización se sumará a plataformas y otros grupos en la presentación de alegaciones.

Los pozos pertenecen a los permisos de investigación Urraca (tramitado por la Administración del Estado y situado en Álava y Burgos) y Sedano (tramitado por la Junta de Castilla y León, al abarcar solo territorio burgalés). No se trata de los únicos permisos en la provincia para la extracción de gas no convencional, que se suman a otros que se están llevando a cabo mediante otras técnicas. Tampoco son los únicos sondeos para los que se han iniciado los trámites de evaluación ambiental. La realidad es que la cuenca vasco cantábrica está gravemente amenazada por el uso del fracking.

Los permisos de investigación solicitados son paso previo, exigido por la ley, para llevar a cabo una explotación. La decisión se tomará en base a la viabilidad técnica y la rentabilidad económica, dejando de lado las implicaciones sociales y ambientales de estas actividades. Además, se valora cada sondeo de forma estanca, sin tener en cuenta las afecciones del conjunto de permisos solicitados, ni las perspectivas de futuro para la zona si se aprueba un permiso de explotación.

La iniciativa de BNK puede calificarse de prepotente, si se tiene en cuenta la enorme oposición que existe en la zona. La mayoría de los ayuntamientos afectados han aprobado mociones en contra de su uso y el sentir de la población es contrario al fracking. Como muestra están las miles de alegaciones que se han presentado en contra de la concesión de los permisos o a las consultas previas de los sondeos de investigación. Se está ignorando, desde el principio, la opinión de las personas que se verían afectadas por los proyectos.

Entre los argumentos que se utilizan para convencer de los beneficios de la implantación de la fractura hidráulica se encuentra en los incentivos económicos para ayuntamientos y personas propietarias de los terrenos. Ecologistas en Acción subraya que los incentivos anunciados solo se aplicarían en la fase de explotación y que, además, ni mucho menos servirían para cubrir el deterioro ambiental o los daños a la salud que potencialmente puede acarrear. Se busca superar obstáculos con ventajas económicas. Todo esto se entiende desde la perspectiva empresarial, que busca asegurar su propio beneficio, pero no se comprende desde la perspectiva de quien busca mantener su forma de vida y asegurar la de las generaciones futuras.

El otro argumento recurrente es de frenar la dependencia energética. En su nota de prensa BNK habla de recursos equivalentes a 70 años a ritmos actuales de consumo. Estos datos chocan con los aportados por la Agencia Internacional de la Energía, que señala que para Europa las reservas potenciales de gas podrían reducir en un 40% la dependencia y que otorga a España la menor contribución de Europa. En cualquier caso, es necesario señalar que cualquier iniciativa encaminada a reducir la dependencia energética debe priorizar la lucha contra el cambio climático y el agotamiento de recursos. Desde este punto de vista, la perforación en busca de hidrocarburos, ya sea mediante técnicas convencionales o no, es una actividad que no debe ser llevada a cabo. Perforar en busca de gas, es tan solo perpetuar un modelo que debe ser abandonado cuanto antes.