Contaminación de aguas subterráneas de Chiclana, un problema sanitario

La situación provocada por la existencia de más de 18.000 viviendas en Chiclana sin atisbo de depuración de sus aguas residuales, un diseminado ilegal consentido por todas las Administraciones, ha estallado a raíz de un informe que el Ayuntamiento había mantenido oculto hasta ahora.

A partir del conocimiento de esta situación, han surgido las consabidas respuestas de las autoridades, recurriendo de nuevo a “no es mi competencia” o “no hay alerta sanitaria”. Ninguna de estas afirmaciones son ciertas: la Consejería de Medio Ambiente está obligada a controlar y gestionar la calidad de las aguas subterráneas y el ayuntamiento tiene que velar por la salud de sus ciudadanos. ¿En base a qué el delegado gubernativo, López Gil, se atreve a postular que no hay ninguna emergencia sanitaria?.

La existencia de más de 3 millones de metros cúbicos de aguas fecales sin atisbo de depuración alguna es una auténtica bomba de relojería ambiental que en cualquier momento puede ocasionar infecciones e intoxicaciones severas. Son 53.000 vecinos los que viven sobre un acuífero gravemente contaminado y aunque sea vox populi que esas aguas no se pueden beber, la posibilidad de enfermedades gastrointestinales no puede ser descartada. Además, los nitratos procedentes de la acumulación de esta enorme carga de fracción orgánica se pueden convertir en nitritos, estos sí cancerígenos.

El informe es contundente al asegurar que el acuífero está “completamente contaminado por nitratos y coliformes de origen fecal”, por lo que estamos ante un “problema sanitario generalizado”.

Por todo ello, Ecologistas en Acción exige:

· La publicación del citado informe y de las analíticas que evidencian la contaminación del agua subterránea.

· La adopción de medidas de regulación urbanística aplicando la disciplina, y ejecutando las necesarias obras de acometida para aguas potables y de saneamiento a cargo de los vecinos.

· La colaboración institucional entre todas las Administraciones con competencias en el problema, Junta de Andalucía y Ayuntamiento, para poner fin a esta intolerable amenaza sobre la salud.

· Identificar las situaciones más graves de contaminación difusa del acuífero, acotando el foco del problema y ejerciendo las imprescindibles labores de vigilancia, control y corrección.