Suspenden los concursos mineros desde el mes de diciembre

Ecologistas en Acción consigue la suspensión por imperativo legal, por el silencio administrativo del Consejero ante los 8 recursos de alzada interpuestos, uno por cada provincia.

El pasado 16 de enero Ecologistas en Acción solicitó al Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, la suspensión de los 8 concursos mineros convocados en el BOJA del 17 de diciembre de 2014, uno por cada provincia. La suspensión se solicitó, dentro de sus correspondientes recursos de alzada, en base a fundados argumentos y jurisprudencia que avalan la nulidad de pleno derecho de los concursos mineros convocados, por omisión de la necesaria Evaluación Ambiental previa.

El conjunto de los 8 concursos provinciales constituye un Plan con fuerte incidencia en una gran cantidad de espacios naturales protegidos de toda Andalucía y en especial en muchos de la Red Natura 2000 que tienen aprobados Planes de Ordenación de Recursos Naturales que prohíben expresamente las investigaciones y actividades mineras. Y sin embargo, esos concursos no han sido evaluados ambientalmente, vulnerando la normativa europea sobre planes y programas y la Directiva Hábitats.

Ante la falta de respuesta del Consejero se ha producido, de manera automática y por imperativo legal, la suspensión de los concursos impugnados, por el transcurso del plazo establecido en la Ley 30/92 de procedimiento administrativo.

Ante la inminente constitución de las Mesas de apertura de solicitudes presentadas en los concursos, previstas para el próximo 25 de febrero, Ecologistas en Acción ya ha instado al Consejero, D. José Sánchez Maldonado, al obligado cumplimiento de dicha suspensión. Obligación que también ha sido comunicada a todos los responsables provinciales de esa Consejería, para que no procedan a la citada constitución de Mesas en sus respectivos ámbitos, con advertencia de las responsabilidades que pudieran incurrir en caso de que desobedecieran el mandato legal de suspensión.

Ecologistas en Acción quiere aprovechar los efectos legales de la suspensión del concurso minero para pedirle a la Junta de Andalucía que desista de esta iniciativa tan lesiva para los espacios naturales protegidos andaluces y califique como “no registrables” los derechos mineros caducados que afectan directamente a dichos espacios.