Este año el Día de la Tierra, 22 de abril, coincide con el 60 aniversario de la creación del Banco Mundial. Este organismo sigue siendo duramente criticado por su política social y ambiental. En concreto Ecologistas en Acción denuncia que los proyectos para reducir emisiones a cambio de créditos de carbono no ofrecen garantías y en muchos casos crean nuevos problemas ambientales.

El problema del cambio climático tiene relación con muchos aspectos de las políticas económicas, y uno de los más notables es el de la necesaria financiación de medidas de reducción de emisiones y de adaptación a los impactos que golpearán sobre todo a los países pobres. La Convención Marco de Cambio Climático y el Protocolo de Kioto establecen la obligación de las naciones desarrolladas y causantes del actual cambio climático, de aportar dinero a los países menos desarrollados. Pero estos aspectos de los acuerdos climáticos son habitualmente ignorados, retrasados o reinterpretados adecuadamente.

Donde los países no industrializados esperan ver algún dinero es en la puesta en marcha de los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto, concretamente en el Mecanisno de desarrollo Limpio, la Ejecución Conjunta, y también en el fomento de sumideros. Todos ellos significan proyectos pagados por estados ricos y muy emisores de CO2 que se ponen en marcha en países en desarrollo y permiten a los primeros atribuirse reducciones de emisiones. El Banco Mundial es el intermediario, está estimulando un mercado de inversores públicos y privados a la búsqueda de proyectos de reducción de emisiones. Su “Prototype Carbon Fund” ya tiene fondos de seis gobiernos y 17 compañías (incluyendo compañías energéticas y petroleras europeas y de Japón) por valor de 180 millones de dólares. En Noviembre pasado abrió su fondo para sumideros, el BioCarbon Fund, que busca vender reducciones de emisiones atribuibles a bosques, gestión de pastos y tierras agrícolas etc.

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Protesta en Madrid contra el Banco Mundial

El problema que se plantea es doble: los más generadores de CO2 no disminuyen su tasa de emisión, aunque les compute a efectos de cumplir Kioto, y no hay suficientes garantías en la elección de los proyectos según criterios ambientales y sociales. En primer lugar hay que asegurar que sin la intervención del Banco el proyecto no podría llevarse a cabo, y que va a significar una reducción de emisiones respecto a no realizarlo. Si no se cumplen ambas condiciones el resultado es, en cierto modo, una estafa a los objetivos del Protocolo de Kioto.

Es el caso de la fundición de Plantar en Brasil, donde se quiere evitar con 5,3 millones de dólares el cambio de carbón vegetal a coque en la fabricación de hierro, produciendo un ahorro de 1,25 Mt CO2. Pero ni siquiera parece probable que ese cambio fuese a suceder, con lo que los créditos que se obtengan por ello no responderían a una reducción real de emisiones, y lo que es peor, se financia la extensión de plantaciones de eucaliptos que ya han producido en la zona serios problemas de contaminación de aguas y de condiciones de trabajo semiesclavistas.

Lamentablemente este es sólo un ejemplo entre muchos. El Gobierno holandés ha suscrito un acuerdo con el Banco Mundial para que le facilite inversiones en países en desarrollo en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio para descontarse 21 millones de toneladas de CO2 equivalente entre el 2002 y el 2005. Dieciocho proyectos elegidos por dicho gobierno no se puede considerar que provean reducciones de emisiones que no hubieran ocurrido si no hay financiación externa. Por ejemplo, se podrá apuntar 4 millones de créditos de carbono por dos pantanos (Esti y Bayano) que estaban ya en construcción avanzada, y se hubiesen terminado de todos modos, como ocurre también con la planta geotérmica de Wayan Windu, en Indonesia, que estaba al 60% de construcción, y proporcionará 5,4 millones de créditos de carbono.

Para Ecologistas en Acción si el Banco Mundial no es más escrupuloso con la elección de proyectos de reducción de emisiones, habrá que evitar que participe en el negocio de los Mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto.