Hace más de un año Coca-Cola Iberian Partners decidió cerrar cuatro plantas embotelladoras en Alicante, Asturias, Palma de Mallorca y Fuenlabrada (Madrid), a pesar de contar con beneficios en la explotación. Un total de 1.250 personas perdieron su empleo. Los trabajadores de la planta de Fuenlabrada iniciaron una tenaz y digna lucha en defensa de esos puestos, lo que les llevó a ganar varias sentencias que la compañía ha incumplido reiteradamente.
La multinacional, que se presenta en la web con el objetivo de “ser un buen lugar donde trabajar y que las personas se sientan inspiradas para dar cada día lo mejor de sí mismas”, maximiza beneficios a costa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Pero, además, este cierre también supone la emisión un gran incremento del consumo energético y de las emisiones contaminantes a la atmósfera.
Los productos de la marca que antes se producían y distribuían desde Fuenlabrada ahora llegan diariamente a la Comunidad de Madrid desde Sevilla, Barcelona o Lisboa. Se calcula la entrada de 110 camiones diarios de Coca-Cola en invierno y 170 en verano. Cada uno de estos camiones consume entre 192 y 245 litros de diésel al día, según su procedencia, por lo que provocan una contaminación adicional e innecesaria. Las emisiones de CO2 (el principal gas de efecto invernadero) son de entre media y tres cuartos de tonelada por camión y día. Los tubos de escape de esos camiones también aumentan las sustancias tóxicas para la salud, como el dióxido de nitrógeno o las partículas en suspensión, que crean graves problemas en zonas metropolitanas como la madrileña.
La deslocalización, aparte de injustificable desde el punto de vista laboral, también lo es desde el ambiental. La campaña de boicot a los productos de Coca-Cola, bajo el lema de “si aquí no se produce, aquí no se consume” tiene también que ver con la salud y el aire.
No es el único ejemplo del desprecio de la multinacional del refresco tanto a los derechos de los trabajadores como a los medioambientales. Los trabajadores de Colombia no pueden “sentirse inspirados” trabajando para una multinacional asociada a Panamaco, que fue llevada a los juzgados por utilizar grupos paramilitares que asesinaron hasta a 8 trabajadores y amenazaron a 65, todos ellos pertenecientes al sindicato Sinaltrainal (esta denuncia fue desestimada por los tribunales por ocurrir fuera de Estados Unidos).
Tampoco se puede tener la misión de inspirar momentos de optimismo y felicidad cuando en Turquía 14 conductores y sus familias denunciaron a Coca-Cola alegando que se utilizaba a la policía para intimidar y torturar a y sus familias. Tampoco se puede pretender ayudar a construir y apoyar comunidades sostenibles si recientemente en el norte de India las autoridades indias ordenaron el cierre de la embotelladora de Coca-Cola, situada cerca de la población de Varanasi, debido a la gran cantidad de agua que extraía de los acuíferos, además de realizar vertidos cuyos niveles de contaminación superaban los permitidos por la ley contaminando tierras agrícolas y aguas subterráneas.
Una cosa es la publicidad y otra la cruda realidad de esta transnacional, que pone por delante los beneficios económicos a los derechos de los trabajadores y del medio ambiente.
