Mientras, la propia presidenta en funciones, Susana Díaz, habla de todo lo contrario, administración cercana, de transparencia y de oficina anticorrupción en la campaña de las municipales.
Ecologistas en Acción denunciaba hace poco que la empresa adjudicataria de la explotación de las Minas de Aznalcóllar, Grupo México, tenía un curriculum de echarse a temblar, con varios vertidos de extrema gravedad ocurridos en sus explotaciones mineras en México y que han supuesto el envenenamiento del río Sonora. La Junta lo sabía, pero ha pugnado por esta empresa. Su mayor mérito resultaría ser la empresa que mejor se ha acogido a las exigencias de compartir botín frente a otras opciones, que sin entrar a valorarlas, parecerían más reacias al pasteleo o simplemente no tenían los contactos adecuados, todo totalmente al margen de la solvencia técnica de las propuestas presentadas.
Ecologistas en Acción se opone a las reaperturas de las minas y su principal argumento lo confirma este auto, la administración andaluza no es de fiar, antepone intereses, en muchos casos inconfesables, a la seguridad ambiental y aunque los proyectos incorporen compromisos de garantías ambientales, la práctica demuestra que la Administración no tiene ninguna intención de hacerlos cumplir.
Esta ausencia de garantías es evidente en minas ordinarias, pero es que además Aznalcóllar es cabecera de la cuenca del Guadiamar, principal aporte de aguas superficiales del Espacio Natural de Doñana y dónde ocurrió el mayor desastre ambiental de la Comunidad Autónoma y del que aún no nos hemos recuperado, con cientos de millones invertidos en la restauración ambiental del espacio afectado, hoy espacio protegido de la Red Natura 2000 como Corredor Verde del Guadiamar.
Doñana se vuelve a poner en peligro por la hipoteca electoralista y cortoplacista, si se confirma el auto. Las promesas de limpieza y regeneración de la sra. Díaz se han revelado como una impostura. Empresas cercanas al partido socialista son favorecidas, llegando a aparecer como avalador del grupo concesionario la fundación Migres, de la que la Junta es patrona.
La necesidad de poner fin a esta trama de presunta corrupción institucional es apremiante.
