Cierre de pozos ilegales en la marisma de Aznalcázar

El Juzgado nº2 de Sanlucar la Mayor ordena cerrar las tomas ilegales de aguas de Hato Blanco Viejo tras 4 años de inacción de la Junta y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

El 3 de febrero de 2004 el Consejo de Ministros impuso una elevada sanción a la finca Hato Blanco Viejo por extracciones ilegales de agua en la Marisma de Aznalcázar y el cierre de los pozos ilegales. Esta resolución fué recurrida al Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, quien en Sentencia de 17 de diciembre de 2008 desestima el recurso de reposición de los propietarios de la citada finca, haciéndose efectiva la sanción.

A partir de entonces ni la Junta de Andalucía, en la época que fué la Autoridad Sustantiva del Agua ni la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que fué quien puso la denuncia de las extracciones ilegales, han hecho cumplir la sentencia reusando de su responsabilidad y haciéndose cómplice de unas extracciones que vienen provocando descensos en el acuífero que alimenta a Doñana de más de 17 metros con la consecuente desecación de importantes ecosistemas como son las fresneras de la vera y la reducción del período de inundación de la marisma y la pérdida de áreas de nidificación adecuadas para especies amenazadas y en peligro de extinción.

La intervención del juzgado se realiza a raíz de una denuncia de la fiscalía al comprobar mediante inspecciones de la policía judicial que las extracciones seguían existiendo y que incluso se estaban utilizando balsas para almacenar aguas de acuífero con la consiguiente pérdida de agua por evaporación. Las extracciones ilegales superan la decena de hectómetros cúbicos y se han utilizado para cultivos de arroz, algodón, maiz y frutales y a pesar de la sentencia no han sido eliminadas en estos 7 años.

Parece confirmarse que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha venido usando subterfujios legales para dar por buena las extracciones disfrazando de captaciones superficiales del Guadiamar las tomas del acuífero.

En similar situación se encuentran varias fincas de la zona, conocidas como Hatos, que en función de la mayor o menor capacidad de influencia política han ido sorteando con mayor o menor suerte los informes de la guardería, de forma que en un buen número de casos multas también millonarias ha sido dejadas caducar por los Consejo de Gobierno.

La situación es muy grave y se precisa un plan que determine la capacidad de extracción del acuífero sin daño a los ecosistemas y en función de eso determinar qué y cuánta agricultura se puede desarrollar con esa capacidad de riego. Sólo una apuesta decidida por la agricultura ecológica sería la solución ya que se ha demostrado que es social y ambientalmente la única capaz de generar trabajo y valor asociado a la producción para un mismo espacio ocupado.