La Plataforma contra la Operación Especulativa en Campamento en la que participa Ecologistas en Acción ha presentado una queja ante el defensor del Pueblo por la falta de transparencia y participación pública en las negociaciones entre las administraciones públicas y la empresa Wanda Group para la creación de un megacentro de ocio en Campamento.

Ante la falta de respuesta informativa por parte de las administraciones públicas a los escritos presentados el pasado mes de noviembre solicitando información sobre las negociaciones que están manteniendo con la empresa china Dalian Wanda Group con el fin de instalar un “megacentro” de ocio en terrenos de Campamento en Madrid, la Plataforma contra la Operación Especulativa de Campamento, en la que participa entre otras muchas asociaciones Ecologistas en Acción, ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo el jueves 12 de marzo.

El 24 de noviembre de 2014, el Grupo Promotor del Corredor Ecológico de los Arroyos y Retamares del Suroeste de Madrid integrado por vecin@s y ecologistas de Madrid, Alcorcón y Villaviciosa de Odón, solicitó información por escrito sobre las negociaciones con Dalian Wanda Group a la presidencia de la Comunidad de Madrid, a los Ministerios de Industria, Energía y Turismo, y de Defensa y a la Secretaría de Estado de Comercio. Días después, el 5 de diciembre de 2014 también se presentó un escrito similar ante el Ayuntamiento de Madrid.

La solicitud de información obedecía a una demanda de control democrático de las negociaciones entre los poderes públicos y la empresa privada Dalian Wanda Group, en las que las administraciones públicas deberían defender intereses públicos generales dándoles a conocer al conjunto de la población. El marco jurídico que recoge este deber democrático de transparencia es amplio, e incluye entre otras la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la ley 27/2006 por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Sin embargo, después de tres meses de presentados los escritos, las administraciones públicas o bien no han dado respuesta ni siquiera negativa (como es el caso de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid y de la Secretaría de Estado de Comercio) o bien se han remitido a otras instituciones (caso del Ministerio de Industria, Energía y Turismo) o bien se ha comunicado que la información está en curso de elaboración, pero sin señalar quién está preparando el material y el tiempo previsto para terminar su elaboración tal y como establece la ley (caso del Ministerio de Defensa).

Por todo ello, la Plataforma contra la Operación Especulativa de Campamento (en la que se integra el Grupo Promotor del Corredor Ecológico que solicitó la información pública) ha presentado esta queja ante el Defensor del Pueblo, pues considera que “nos encontramos una vez más con unas negociaciones con particulares en las que las administraciones públicas vuelven a dar la espalda a los ciudadanos y ciudadanas sin escuchar sus demandas prioritarias (hospital, vivienda pública en alquiler, corredor ecológico…), buscando vender unos amplios terrenos públicos para favorecer unos intereses privados particulares”.