La Junta de Castilla y León pretende eludir la ejecución de sentencias

Durante estas semanas pasadas ha estado a información el proyecto de Decreto que regula distintas cuestiones de la Ley de caza de CyL (Ley 4/1996): especies y modalidades de caza, control de perros “errantes”, caza con nieve, etc. [1]

Como muy bien dice el proyecto de Decreto, la motivación del mismo es la Sentencia nº 166, de 2 de febrero de 2015, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, que declaró nulo el decreto 65/2011 por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León. Proceso judicial promovido por un recurso presentado por la Federación de Ecologistas en Acción de CyL en el año 2012.

En el Recurso contencioso administrativo presentado por Ecologistas en Acción mostrábamos con sólidos fundamentos jurídicos las graves deficiencias del contenido del Decreto 65/2011. Este reglamento normativo ha conllevado perjudiciales consecuencias para el aprovechamiento sostenible de las especies cinegéticas, y para el correcto y respetuoso uso del territorio y recursos naturales de los diversos implicados: cazadores, dueños de perros, uso recreativo, etc. La sentencia 166/2015 ha fallado en el sentido de anular el Decreto 65/2011 por vulnerar los principios jurídicos de un Estado de Derecho, como son incumplir los procedimientos que aseguraban la información pública y por ningunear los procedimientos establecidos de participación ciudadana. Lo cual contradice claramente el supuesto objetivo de transparencia que publicita la Junta de CyL.

Para conocer el significado de este inesperado proyecto normativo, al que la Junta de CyL ha dado escasa publicidad y sorprendente prioridad, hay que considerar que la aprobación del Decreto 65/2011, ahora anulado, se realizó de forma improvisada, extraordinaria y atropellada para eludir el cumplimiento Órdenes judiciales que suspendían la caza [2] y que ponían en evidencia las graves deficiencias de la normativa cinegética; así como la ineptitud de la Junta de CyL, de su Consejería de Medioambiente y de sus asesores en materia de Caza [3].

La respuesta de la Junta de CyL, de utilizar su potestad de aprobar idénticas normas a las ya declaradas ilegales por los Tribunales de Justicia o disfrazarlas bajo una nueva denominación, tiene como único fin el de impedir la ejecución y efectividad de las Sentencias. La Junta de CyL en vez de ser un garante del cumplimiento de la Ley, es el paradigma de cómo incumplirla y salir impune.

Igualmente a la Junta de CyL le hemos recordado que han pasado 19 años desde que se aprobó la Ley de Caza 4/1996, y que a pesar de que la disposición Final primera reconoce que “En el plazo de un año desde su entrada en vigor, la Junta desarrollará reglamentariamente esta Ley”, hay numerosas cuestiones muy deficientes o nulamente reglamentadas, lo cual deja en un limbo la actuación y regulación de la Junta en materia de Caza. Tenemos el reciente ejemplo de que después de 19 años, por fin han regulado la obligación de superar un examen para poder ser cazador.