El Supremo ratifica la nulidad del Plan Parcial Merinos Norte

El 17 de marzo de 2015 se ha notificado a la Federación de Ecologistas en Acción-Andalucía, la sentencia de 10 de marzo de 2015, dictada por el Tribunal Supremo, por la que se desestiman, por unanimidad de la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso, los recursos de casación interpuestos por el Ayuntamiento de Ronda y Club de Campo de Golf, contra la sentencia del TSJA que anuló el plan parcial de ordenación de la finca “Los Merinos Norte” (Ronda, Málaga), que pretendía la urbanización de 800 viviendas, dos campos de golf y otras instalaciones en un paraje de encinar y sierra de alto valor ecológico.

El Tribunal Supremo ha confirmado la declaración de la sentencia del TSJA, que apreció la ilegalidad de dicho plan parcial por quedar acreditada la insuficiencia de recursos hídricos, así como la afectación de los acuíferos que abastecen las poblaciones de Cuevas del Becerro, Arriate y otros núcleos de la serranía de Ronda.

El recurso contencioso-administrativo fue interpuesto contra la aprobación definitiva del plan parcial, adoptada en 1995 y publicada en 2005, publicación tardía que ha provocado la sospecha del Tribunal por su posible irregularidad.

El Tribunal Supremo ha analizado pormenorizadamente las impugnaciones de los recurrentes, que son rechazadas punto por punto con una fuerte crítica jurídica, aclarando además la sentencia de instancia frente a posibles interpretaciones equivocadas, en el sentido de que el vicio del planeamiento anulado estriba en la radical ausencia de recursos hídricos, y no en pretendidas exigencias retroactivas de requisitos documentales. El Alto Tribunal elogia el correcto planteamiento técnico de la demanda, y la abundante prueba practicada en la instancia, frente a la que no cabe reprochar defectos en la sentencia dictada por la Sala de Málaga.

Ecologistas en Acción de la Serranía de Ronda quiere hacer pública su satisfacción por la ratificación hecha por el Tribunal Supremo, que ha dado la razón a miles de personas que desde 1992 han hecho saber a las Administraciones implicadas las graves irregularidades cometidas durante la larga tramitación de este plan parcial (1993-2005). Asimismo, quiere destacar las graves responsabilidades asumidas por los responsables políticos que, contra denuncias expresas de ilegalidad, impulsaron el planeamiento hoy anulado más allá de sus deberes legales, poniendo a la Administración municipal al servicio de promotores que hicieron groseros alardes de comprar las voluntades de ciudadanos y grupos, generando una grave fractura social que sólo ha podido reparar la acción de la Justicia.

Queremos recordar expresamente a todos aquellos que fueron denunciados por los promotores por la simple manifestación de su disconformidad con el proyecto, o por tener cercanía con personas discrepantes, o por pertenecer libremente a asociaciones o grupos, tanto en Ronda como en Cuevas del Becerro, donde fueron expedientados en masa a instancias de los promotores, siendo archivadas en su totalidad las querellas y denuncias penales, y los expedientes sancionadores.

El complejo político-comercial puesto en evidencia en esta promoción, donde se reunían como en pocilga supuestos empresarios y miembros de los principales partidos, ha sido objeto incluso de un estudio universitario por el Departamento de Derecho Penal de la UMA, así como de un documental cinematográfico. La prensa destacó en primera página que un pueblo (Cuevas del Becerro) se declarara en huelga general contra la especulación urbanística, siendo pionero en la lucha contra la corrupción política.

Este asunto conserva plena actualidad, no sólo por la sentencia del Tribunal Supremo, sino porque se encuentra además en el centro de la corrupción de la familia de Jordi Pujol, cuyo hijo Jordi Pujol Ferrusola fue denunciado como perceptor de cantidades con destino a la agilización y buen fin de este proyecto, por Jorge Juan Flor Gallén, el representante de la Promotora que inundó de subvenciones y regalos a todas las asociaciones y colectivos rondeños que quisieron apoyar públicamente el proyecto, señalando el punto de degradación moral más bajo en que ha caído un sector de la población de Ronda y su serranía.

Ahora se abre una nueva etapa en la que todos aquellos responsables públicos que adoptaron resoluciones y aprobaron convenios con la finalidad de obtener, a toda costa de la promotora, compensaciones económicas por los aprovechamientos urbanísticos derivados de la operación, a pesar de las advertencias ciudadanas y de los informes contrarios de la Administración hidrológica, deberán asumir sus responsabilidades ante la ciudadanía, a la que no podrán vincular con compromisos ilegalmente adquiridos, sino que tendrán que hacer frente personalmente a las consecuencias de sus actos, junto con todos aquellos técnicos que avalaron con sus dictámenes las actuaciones que ahora resultan ilegales por su anulación judicial.

Las personas y colectivos implicados en la lucha contra la ilegalidad de la promoción, continuarán sus actuaciones en defensa de los intereses públicos que resulten afectados como consecuencia de la irresponsable actuación de los alcaldes, concejales y técnicos del Ayuntamiento de Ronda, a fin de que las consecuencias que de esto se deriven, las asuman con sus propios patrimonios, y no la desvíen hacia el patrimonio municipal.