Sr. Presidente,

a las personas que formamos parte de la Federación Ben Magec – Ecologistas en Acción nos parece muy relevante que el Presidente del Gobierno de Canarias, en su intervención de casi hora y media en el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad, no haya hecho mención ni al estado del medio ambiente ni a sus políticas en esta materia.

Aunque su viraje discursivo del abanderamiento del ecologismo a la defensa de atentados medioambientales como progreso no es nuevo para nosotros, volvemos a destacar que Ud. ha pasado en pocos meses de engalanar sus discursos con numerosos argumentos de cariz ecologista, a prescindir por completo de incluir en su análisis el estado de los bienes naturales que tantos servicios nos prestan. Porque la conservación del medio ambiente va mucho más allá de la lucha contra las prospecciones petrolíferas. El agua dulce, las costas, los residuos, la calidad de la atmósfera, el cambio climático, el estado de los espacios naturales, de la biodiversidad, el paisaje… son parte de los recursos naturales sobre los que su Gobierno tiene plenas competencias.

Más grave aún que la sorpresa ante este vacío es la indignación que nos producen las paradojas que resultan de la defensa que hace de las políticas más dañinas de su mandato, y que todas ellas tienden a desregular el cuerpo normativo de dotaba de herramientas de defensa a este frágil y maltrecho territorio que cualquier gobierno tiene la encomienda de defender.

Hace no tanto Ud. se presentaba como un firme detractor del crecimiento de la planta alojativa turística. Incluso acuñó la frase de “más talento y menos cemento”. Pues bien, resulta que ahora anuncia la Ley de Renovación y Modernización Turística y su modificación como un logro de su gabinete, cuando lo que harán estas medidas será eliminar la moratoria turística y permitir que se vuelva a construir en nuevo suelo.

Más aún, Ud. ha anunciado triunfalmente la aprobación de medidas tan perjudiciales como la Ley de Armonización, que subordinará el planeamiento urbanístico a los designios del sector inmobiliario y la construcción de infraestructuras, que vaciará de sentido al órgano ambiental de la administración, que externalizará servicios de interés general y concederá la capacidad de decisión sobre la ordenación del territorio a los promotores de obras de interés particular.

Y también informa con orgullo de que recortará el plazo de información pública, y por lo tanto, el derecho a la participación en materia de medio ambiente, para aquellas obras “estratégicas para Canarias” que ustedes decidan declarar así.

Por último, también nos sorprendió y nos indignó que, aunque en un primer momento pareció dibujarse en su alegato un intento de reconocimiento de culpa por el más que escaso desarrollo de las energías limpias, ágilmente derivó la acusación a las supuestas dificultades que encontraba el sector ante la “compleja” normativa de ordenación del territorio.

De ser tan difícil “trabajar” con una normativa tan estricta, nos parece increíble pues la habilidad que ha tenido para encontrar solución a proyectos que desde su concepción inicial han vulnerado todo tipo de leyes territoriales y ambientales, y nos vienen a la cabeza algunas obras para las que el Gobierno de Canarias se desempeñó con éxito contra cualquier medida legal, como el puerto de Granadilla o el anillo insular. Es más, este Gobierno es capaz de convertir un polígono industrial en una cantera de áridos casi por arte de magia, como está haciendo en el polígono de Granadilla, que quiere rebajar 8 metros para sacar relleno para el puerto… ¿no era complejo cambiar la calificación del suelo de todo un polígono industrial para convertirlo en una zona minera? ¿O es que en este caso no se tuvieron tantas contemplaciones con el planeamiento?

Nos parece lamentable que sean los responsables en la conservación de un territorio quienes pongan como excusas para su inactividad a las herramientas que tuvieron que aprobar en su momento porque entendieron que era la mejor fórmula posible para ejercer ese deber de custodia.

Pero es más, la culpa de que la ordenación territorial dé pocas posibilidades a las renovables para implantarse, ¿de quién es sino de quienes diseñaron los planes que excluyeron cualquier consideración al desarrollo energético a partir de fuentes limpias? ¿Acaso en los parámetros a valorar en el diseño de los planes de ordenación se han tenido en cuenta cuáles son las condiciones naturales para la producción de energías limpias de cada zona y cómo hacer para aprovecharlas y no bloquearlas?

¿No hubo ninguna otra razón para que su Gobierno no hiciera su tarea? Porque la implantación del Gas Natural necesitará de la construcción de regasificadoras y enormes gasoductos para los que seguramente su gobierno irá despejando el camino de cualquier normativa territorial y ambiental a medida que las tuberías se vayan abriendo paso.

Sr. Rivero y resto de su equipo de Gobierno, desde esta Federación ecologista apartidista consideramos que participar en democracia es algo más que votar cada cuatro años. Pero cuando toca votar, es preciso no solo escuchar las promesas, sino también, y sobre todo, analizar y recordar.