La Junta abandona las vías pecuarias en su 20 aniversario

El 24 de marzo de 1995 entró en vigor la Ley 3/95, de 23 de marzo de Vías Pecuarias, cumpliéndose por tanto ahora 20 años. También se cumple el 35 aniversario de la trasferencia de las vías pecuarias del Estado central a las Comunidades Autónomas. Estos históricos caminos para el ganado suponen un recurso de primera magnitud para la conservación de la naturaleza, la conectividad de la biodiversidad, el ecoturismo, la educación ambiental, etc., además de para sus usos tradicionales agroganaderos. Estos años deberían haber servido para tener un sistema de vías pecuarias en buen estado de conservación, pero no es esta la situación.

En Andalucía se aprobó en el año 2001 un plan de recuperación de vías pecuarias, que preveía que para 2015 se habrían recuperado 17.398 kilómetros en la comunidad de un total de 24.087 kilómetros. El plan comenzó con fuerza, y hasta 2010 se deslindaron bastantes kilómetros de vías pecuarias. Sin embargo, a partir de esa fecha, la Junta de Andalucía se ha ido olvidando de las vías pecuarias, situación que se ha agravado desde la nefasta unificación de las delegaciones de Agricultura y Medio Ambiente que ha significado la desaparición de este último en la agenda de la Junta, hasta llegar al año 2013, último del que se tienen datos, en que el número de kilómetros deslindados se reduce a la ridícula cifra de 144 km. Y mucho nos tememos que en 2014 la cifra será aún menor.

Pero eso no es lo más grave. La mala práctica en los deslindes, unida a la actitud beligerante de ASAJA contra el patrimonio público ha hecho que muchos deslindes hayan sido anulados por defectos formales, y otros muchos estén recurridos, y suspendidos hasta que dichos recursos no se resuelvan, algunos desde el año 2007, lo que refleja una tremenda indolencia de la Junta en la resolución de esos recursos. Esto unido a que en muchos casos, especialmente de grandes cotos de caza, no se inician expedientes de recuperación de las vías pecuarias deslindadas, hace que los muchos millones que se han invertido en vías pecuarias procedentes de fondos FEDER haya resultado un despilfarro. Es imposible además saber qué vías pecuarias realmente se pueden utilizar, ya que el descontrol interno es tal que no se puede saber en qué estado se encuentra cada vía pecuaria.

Las vías pecuarias parece que han quedado para la Junta en lugares donde poder hacerse ocupaciones pues, eso sí, se aprovechan para que las compañías eléctricas o gasísticas se ahorren el dinero de hacer pasar sus instalaciones por fincas privadas, y las utilicen, cosa que debería ser excepcional según la ley, pero que se convierte en norma.

El resultado es que la mayoría de nuestras vías pecuarias continúan cortadas por cancelas en las sierras, incluso algunas ya deslindadas. También en las zonas agrícolas, donde no es habitual que las fincas estén alambradas, las vías pecuarias están roturadas y reducidas a un estrecho carril o, a veces, borradas totalmente. Mención aparte merece el tratamiento de las vías pecuarias en los suelos urbanos y urbanizables donde hemos asistido a un verdadero expolio.

Entendemos que no se puede poner como excusa la crisis ya que las vías pecuarias siguen siendo, 20 años después, un motor de desarrollo para las actividades tradicionales agropecuarias, y también para otras que son ya una importante fuente de turismo e ingresos como el senderismo, la bicicleta o la observación de fauna. Además funcionan como verdaderos corredores ecológicos y potenciales espacios de biodiversidad en nuestros asolados campos. Los trabajos de recuperación de las vías pecuarias –desbroces o reforestación, según los casos- significarían unos jornales de mano de obra con unos resultados mucho más relevantes que otros trabajos puestos en marcha con el Plan de Choque por el empleo que se ha ejecutado en estos últimos años. Por último cabe señalar que las vías pecuarias se incluyen en el concepto de Infraestructuras Verdes, esencial en la nueva política de desarrollo rural de la Comunidad Europea.

Firman: Ecologistas en Acción de Andalucía y la Plataforma Ibérica de los Caminos Públicos




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